La Fiscalía no recurrirá la decisión del juez del Supremo de dejar en libertad a seis ex consejeros

La Fiscalía no recurrirá la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de acordar la libertad bajo fianza de 100.000 euros de los ex consejeros catalanes Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Josep Rull y Jordi Turull, según ha informado este lunes el Ministerio Público.

Después de escuchar a los ex consejeros encarcelados y a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, en su declaración en el Supremo el pasado viernes, tanto la Fiscalía como la acusación popular que ejerce el partido Vox pidieron al magistrado instructor de la causa del ‘procés’ que mantuviera la prisión provisional para estos diez imputados.

Finalmente, Llarena ha acordado en un auto dejar en prisión al ex vicepresidente Oriol Junqueras, al ex consejero de Interior Joaquim Forn y a los conocidos como ‘los Jordis’. Por el contrario, para los seis restantes ha dictado una fianza de 100.000 euros para eludir la medida de prisión en la que llevan desde el pasado 2 de noviembre.

Fuentes de la Fiscalía han precisado que no recurrirán la decisión del juez del Supremo porque, a pesar de que habían solicitado extender la prisión provisional, el Ministerio Público distinguió en sus conclusiones entre las diferentes responsabilidades que ocuparon los imputados en el ‘procés’ y Llarena también las ha tenido en cuenta a la hora de redactar su auto y de mantener la prisión para unos y para otros no.

La estrategia de ‘Enfocats’

En dicho auto, el magistrado da vital importancia al documento denominado ‘Enfocats’, incautado durante un registro ordenado por el Juzgado número 13 de Barcelona, pues aporta los indicios de la existencia de un «comité estratégico» que desempeñó una función «definitoria» de cómo llevar a término las actuaciones del ‘procés’, así como la «violencia y tumultos» que constituyen la esencia de los delitos investigados.

Y sobre Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart, el juez destaca su responsabilidad en los hechos, pues sus «aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados en ella».

Así, les incluye en el grupo de individuos que según el citado documento integraban «un comité estratégico» que debía orientar y dirigir estratégicamente la implantación del plan, alineando a todos los actores implicados y haciendo que se movilizaran los recursos humanos y financieros necesarios.