La Fiscalía de Madrid abre una investigación penal al fiscal Stampa por su confabulación con Podemos

La Fiscalía Superior de Madrid ha incoado diligencias de investigación penal a uno de los fiscales del caso Dina-Iglesias, Ignacio Stampa, por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con el contenido de un chat privado del equipo de abogados de Podemos, que evidenciaba una confabulación y un intercambio de información secreta de espaldas al juez.

La investigación se abrió el pasado miércoles a raíz de la denuncia presentada por Vox en la Fiscalía Anticorrupción contra el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias; la ex asesora Dina Bousselham; la abogada que en principio representó a ambos en esta pieza del caso Tándem, Marta Flor, y el fiscal Ignacio Stampa.

«Las diligencias de investigación incoadas, que no suponen tomar postura sobre la existencia del hecho delictivo, tienen por objeto la práctica de todo lo conducente a determinar, esclarecer y concretar los hechos denunciado», concreta la Fiscalía de Madrid en un comunicado remitido este viernes. «El decreto de incoación designa como instructor de las diligencias al teniente fiscal de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, quien, una vez practicadas las pertinentes, «las elevará a la Jefatura con el correspondiente resumen-propuesta», explica el texto.

Además, estas diligencias suponen la paralización de la investigación de carácter disciplinario que había iniciado la Inspección Fiscal (como anunció la instancia de la Fiscalía General) tras conocerse el contenido del citado chat por informaciones periodísticas, indica la nota del Ministerio Público.

«Estrategia orquestada»

Según la denuncia de Vox, los mensajes de este chat interno del servicio jurídico de Podemos ponen de manifiesto que hubo contactos determinantes entre los abogados del partido morado y los Fiscales anticorrupción que llevaban este procedimiento, que se encontraba entonces bajo secreto.

«Al parecer, todo obedece a una estrategia política debidamente orquestada por Iglesias, de la que Podemos se beneficiaria de la causa contra Villarejo, estando, entonces (2015), próximas las elecciones», decía el escrito presentado por la formación de Santiago Abascal.

Vox atribuye a Iglesias, Bousselham, Flor y Stampa hasta seis delitos: denuncia falsa; falso testimonio y simulación de delito; estafa procesal; tráfico de influencias y revelación de secretos.

En su escrito, Vox reconoce que «no tiene acceso al procedimiento seguido ante la Audiencia Nacional, más allá de las noticias que han ido publicándose en medios». Sin embargo, destaca la información «coincidente todos ellos» y «la falta de desmentido de los mismos», lo que, argumentan, «hacen que se deban considerar como indicios sólidos, privilegiados y suficientes para el inicio de una investigación».

«Esclarecer»

La nota del Ministerio Público especifica que la denuncia de Vox se presentó contra «un fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, cuyo aforamiento determina la competencia de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid», de ahí su potestad para abrir esta investigación penal. «Las diligencias de investigación incoadas, que no suponen tomar postura sobre la existencia del hecho delictivo, tienen por objeto la práctica de todo lo conducente a determinar, esclarecer y concretar los hechos denunciados», agrega el comunicado.

Por su parte, el pasado 26 de junio, la Fiscalía General del Estado que dirige la ex ministra del PSOE Dolores Delgado reaccionó ante las informaciones sobre Stampa y los abogados de Podemos anunciando la apertura de las citadas actuaciones de carácter disciplinario para analizar «a los efectos oportunos» el comportamiento del citado fiscal. Ello, tras publicarse que Stampa pasó información bajo secreto de sumario a los letrados del partido morado en relación con el caso de la supuesta sustracción del móvil de Dina Bousselham, cuya tarjeta SD retuvo durante meses el hoy vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. El fin último de esta estrategia coordinada entre el fiscal anticorrupción y Podemos era destruir a Eduardo Inda y OKDIARIO.

No obstante, el departamento dirigido por Dolores Delgado señaló en la misma nota que el pasado 14 de febrero la Inspección Fiscal ya abrió un expediente como consecuencia del escrito presentado por una particular para determinar la imparcialidad de este fiscal a la vista de otras informaciones que también apuntaban a la relación personal entre el fiscal y la abogada.

Así, el 9 de marzo de 2020, el jefe inspector archivó esta investigación «al no tenerse constancia de la existencia de vínculos causantes del deber de abstención del fiscal, cuya inobservancia pudiera ser constitutiva, en su caso, de una infracción disciplinaria», decía el comunicado de la Fiscalía General.

«Coordinación»

Según los chat internos del antiguo equipo jurídico de Podemos, los fiscales permitieron además que Iglesias fuera admitido como perjudicado en la causa y aprovechara esa circunstancia para emprender «una cruzada contra las cloacas del Estado en plena campaña de las generales de abril de 2019», publicó El Confidencial. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga la retención de la tarjeta de Dina por Iglesias, ha retirado ya al vicepresidente la condición de perjudicado.

En el chat de Podemos, publicado por el citado diario digital, la abogada Marta Flor reveló a sus compañeros que ‘Ironman’ -el nombre clave que usaba la letrada para referirse a Stampa- se había puesto en contacto con ella y que habían cerrado una cita para «coordinar la investigación del caso Dina».

Según El Confidencial, la reunión llegó a realizarse en un momento en el que la pieza Dina ni siquiera existía. En otro mensaje, la letrada Marta Flor Núñez insistía: «Gloria -refiriéndose a Gloria Elizo, entonces coordinadora jurídica de Podemos- el otro día hablamos con los fiscales que decían que les extrañaba que no hubiéramos denunciado la publicación por Inda de las capturas del móvil».