Los fiscales exigen a Sánchez que elimine el límite de 6 meses para investigar la corrupción

Los Fiscales exigen a Sánchez que elimine el plazo de seis meses que limita la investigación de los delitos de corrupción política.

En un comunicado emitido por la asociación mayoritaria de fiscales, los miembros del Ministerio Público han pedido la «inmediata derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim)» que sitúa en medio año el máximo de tiempo del que disponen, como acusación, para la elaboración de sus escritos provisionales en las causas penales.

La polémica norma, introducida en la legislación para agilizar las pesquisas, se ha convertido en un obstáculo importante para los fiscales en el ejercicio de sus funciones, que ven cómo en ocasiones esta limitación impide llegar al fondo de los hechos en las macrocausas más complejas.

Además, han planteado «la reforma procesal penal necesaria para que el Fiscal asuma, definitivamente, la instrucción» en España. Asignatura pendiente en orden a equiparar los procedimientos judiciales españoles a los del resto de países de nuestro entorno, donde la instrucción es competencia del Ministerio Público y no de magistrados.

Esta diferencia ha provoca que, en el pasado, los tribunales europeos hayan llamado la atención a España, por vulneración de los Derechos Humanos de los acusados, en algunos de los recursos planteados por los terroristas de ETA. Algo que podría repetirse, en un futuro, con los golpistas catalanes.

Cataluña y el ‘procés’

Los fiscales han cerrado filas entorno a la Fiscalía General del Estado, y su actual titular María José Segarra, al asegurar que dicho órgano debe «liderar» su independencia. Una consideración que no es casual dado que Segarra ha recibido fuertes presiones, a las que no ha cedido, para modificar el escrito de acusación definitivo del Ministerio Público en el juicio del ‘procés’: de rebelión a decisión.

Pese a que la Abogacía del Estado decidió finalmente solicitar para los golpistas una condena por sedición en concurso medial con malversación, que fue la tesis recogida en la sentencia, los cuatro fiscales del caso -Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadenas no movieron ni una coma su posición inicial.

Un comportamiento que ahora recibe el pleno respaldo de sus compañeros. La Asociación de Fiscales ha expresado «su reconocimiento a la profesionalidad de quienes han representado» al Estado y la legalidad en la macrocausa contra los líderes separatistas catalanes.

Los Fiscales exigen a Sánchez que se garanticen las condiciones de trabajo de sus homólogos catalanes y que «en todo el territorio nacional se respeten el orden constitucional y la ley».

Polémicas declaraciones

Tras las polémicas declaraciones del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en las que insinuaba la dependencia del Ministerio Público del Ejecutivo, los fiscales no ocultan su «malestar».

«Las palabras fueron alarmantes. Entiendo que en campaña uno se deje llevar pero a los políticos se les debe exigir un nivel de conocimiento de las instituciones y de responsabilidad en sus manifestaciones», advirtió la recién reelegida presidenta de la asociación, Cristina Dexeus.

A su juicio, el «daño» que esa «frase lapidaria» de Sánchez pueden generar ya «está hecho» y «el aprovechamiento que de ello se puede hacer se está llevando a cabo». «La confusión que se genera en la sociedad cuesta mucho de aclarar aunque nosotros intentamos hacer pedagogía», se lamentaba Dexeus.

Por ello, los fiscales insisten en sus reivindicaciones de respeto «a la independencia» del Ministerio Público respecto del poder político y rechazan «cualquier tipo de injerencia del poder ejecutivo sobre los miembros de la Fiscalía».