Fallece la mujer del ex DAO en pleno escándalo por el caso de agresión sexual a una subordinada

• Irene Tabera @irenetabera
• Madrid (1996). Periodista de Investigación y Tribunales. Colaboradora en Telecinco, Cuatro y Telemadrid. Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Televisión por la Universidad Católica de Milán. Anteriormente trabajó en Mediaset Italia. Contacto: irene.tabera@okdiario.com
• • 03/07/2026 19:21
  • Actualizado: 03/07/2026 19:33

La mujer de José Ángel González, el director adjunto de la Policía (DAO) que dimitió en febrero tras ser imputado por una presunta agresión sexual a una subordinada, ha fallecido en la madrugada de este 3 de julio de 2026 a los 65 años. 

La esposa del ex DAO luchaba contra una larga enfermedad desde hace años. Su marido José Ángel González, conocido como Jota en el Cuerpo Policía Nacional de Policía, permaneció a su lado en estos últimos momentos de vida según las fuentes consultadas por OKDIARIO.

Los restos mortales de su esposa han sido trasladados hasta su pueblo natal, Aguilar del Río Alhama, en La Rioja. Está previsto que durante este viernes permanezca en el tanatorio en la cabeza de la comarca, Cervera del Río Alhama, de cinco de la tarde hasta las nueve, ubicado en la calle Polideportivo 10 del pueblo riojano. El funeral se celebrará mañana a mediodía también en Aguilar del Río Alhama, en concreto, en la parroquia La Inmaculada Concepción.

El proceso judicial contra José Ángel González arrancó en marzo, cuando tanto él como la denunciante comparecieron ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid para prestar declaraciones enfrentadas sobre lo ocurrido.

González negó los hechos y sostuvo que la querella respondía a «pretensiones profesionales y personales» de la mujer, mientras que ella ratificó su denuncia y, según su abogado, Jorge Piedrafita, respondió a todas las preguntas y acreditó los extremos planteados.

Un elemento central de la instrucción ha sido el audio, que la defensa del ex DAO reconoció como auténtico durante la vista, sin impugnar ni el contenido ni la voz de su representado. La parte de la víctima ha defendido que esa grabación constituye la prueba principal para esclarecer los hechos.

La defensa de González, por su parte, ha cuestionado la versión de la denunciante alegando que subió al domicilio de forma voluntaria y que permaneció allí por decisión propia, además de señalar que se despidió de él con expresiones cariñosas. El letrado de la víctima ha rechazado esa lectura y ha insistido en que su declaración fue «dura y difícil» y coherente en todos sus extremos.

En el plano cautelar, el juez rechazó en un primer momento prohibir la comunicación entre González y la denunciante, al considerar que no existía riesgo objetivo dado que el exDAO ya no ostentaba el cargo de máxima autoridad policial y no había contactado con ella desde julio. La defensa de la víctima recurrió esa decisión, alegando falta de motivación y pidiendo una valoración de riesgo actualizada. Posteriormente, se le concedió a la denunciante una orden de protección.

La instrucción también ha incorporado peticiones de informes médicos y psicológicos: el magistrado reclamó documentación del punto violeta de Madrid, donde la denunciante fue atendida por una psicóloga, una trabajadora social y una asesora jurídica, así como un informe del psiquiatra que le prestó asistencia en una clínica.

El caso ha tenido también repercusión política. En abril, se conoció un vídeo en el que el magistrado instructor, David Maman, afirmaba durante un acto formativo que las denuncias de mujeres «no tienen demasiado sentido» y aludía a una supuesta «caza de la orden de protección». Él, en lo mollar, se reafirmó como conocedor profundo del panorama judicial.

Esas declaraciones motivaron críticas de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien pidió públicamente que el juez «cambiara de jurisdicción». El PP, por su parte, ha acusado al Ministerio del Interior de haber conocido el caso con antelación y de no haber actuado, algo que el ministro Fernando Grande-Marlaska ha negado de forma tajante.