El ex gerente de Turismo de Valencia José Salinas, imputado en el ‘caso Imelsa’

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el conocido como caso Imelsa, ha citado a declarar como investigado al exgerente de la Fundación Turismo Valencia Jose Salinas en el marco de la causa sobre la supuesta financiación ilegal del PP local.

Según consta en un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Salinas ha sido citado el próximo día 15 a las 12.30 horas.

Un reciente informe remitido por la Fundación Turismo Valencia al juzgado indica que en abril de 2015, antes de las elecciones que supusieron el fin del Gobierno del PP tanto en el Ayuntamiento de València como en la Generalitat, la dirección de esta fundación ordenó comprar dos máquinas destructoras de papel y contrató a una empresa experta en la destrucción de documentos.

Los investigadores sospechan que desde varias empresas adjudicatarias de contratos públicos y también desde varias fundaciones se pudo desviar fondos para pagar actos de la campaña electoral de 2007, que organizó la firma Laterne para el partido entonces encabezado por Rita Barberá.

El pasado mes de diciembre, el juez ordenó a la nueva dirección de Turismo Valencia que identificase a los responsables de la destrucción de toda la facturación relacionada con Laterne entre 2006 y 2008, todo ello basado en la sospecha de que la Fundación Turismo Valencia, además de Feria Valencia, Fundación para la Innovación Urbana, Fundación Valenciana de la Calidad y Centro de Estrategias y Desarrollo pudieron haberse hecho cargo de las deudas del partido con Laterne.

Esta investigación se enmarca en la pieza A del conocido como caso Imelsa, en la que se investiga un supuesto delito de blanqueo cometido por los integrantes del grupo municipal del PP antes de las elecciones municipales de 2015 y un supuesto delito electoral en 2007, 2011 y 2015.

Además, se investigan supuestos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y cohecho.

En el mismo auto, el juez reclama a la delegación valenciana de FCC que identifique a la persona que ostentaba la dirección de la empresa en València en 2007.

Por otra parte, reclama a la empresa Avenir que facilite a la Guardia Civil una copia de los correos electrónicos y documentos asociados pertenecientes a dos usuarios durante enero y diciembre de 2015, a fin de determinar las personas o empresas que pagaron «ciertos trabajos de publicidad que se desarrollaron durante la campaña electoral de 2015».