A España sólo le quedará el Tribunal Constitucional

Lo define así Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado: «Si la ley no permite el acuerdo, cambiamos la ley». Se refiere naturalmente al objetivo, ya confeso, sin escrúpulo ni pudor alguno, por Pedro Sánchez: remover el Código Penal hasta dejarlo irreconocible. Es este Código Penal, al que el presidente descalifica por antiguo siendo de 1996, y propulsado por el PSOE de Belloch, que ahora mismo incluye graves penas para los delitos de rebelión y sedición. Un jurista me dice: «No os equivoquéis»: «Este hombre no es tan tonto como para eliminar de cuajo las puniciones; no, lo que hará es rebajar espectacularmente su cuantía, por ejemplo, la sedición la dejará en cuatro años o incluso en tres» y añade: «Eso permitirá, con efecto retroactivo, además, que Oriol Junqueras y demás compañía estén en la calle antes del verano». Sánchez y su gurucillo el «Rasputín de vía estrecha», como denomina a Iván Redondo el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, no dan puntada sin hilo: con esa modificación ERC no hallará inconveniente alguno para aprobar los Presupuestos. Es decir: habrá Sánchez para largo.

Porque Sánchez juega con que en esta legislatura no es posible el triunfo de moción alguna de censura, salvo que a ciertos diputados del PSOE les entrara un ataque de decencia y dignidad patriótica, y la apoyaran, cosa absolutamente imposible, dado el estado de necesidad en que se encuentran la mayoría de estos parlamentarios. Sin embargo, socialistas históricos como Joaquín Leguina, apuestan por esta vía: «No ya mismo, pero sí en un plazo razonable de tiempo». Los juristas en todo caso insisten en esta constancia: «Una cosa son los anuncios de lo que se propone realizar y otra es lo que al fin realice porque las palabras, en principio, no delinquen». Es lo mismo que aseguran en los tres partidos de la oposición que dan por supuesto que el cambio en el Código Penal que Sánchez ha pactado con los propios sediciosos va a triunfar, incluso el que ya es portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, afirma que «he hecho las cuentas y me salen hasta 194 escaños a favor, y es que en ese trance parlamentario tendrá los votos del PdeCat» y los dos de las CUP. Todo lo tiene armado y bien armado.

En la oposición, pese a la postura contraria y muy evidente de la candidata a la Presidencia de Ciudadanos, Inés Arrimadas, corre un vientecillo de consenso, de tal modo que lo que se podría organizar en el Congreso de los Diputados es una iniciativa conjunta para oponerse a ese «golpe de Estado gota a gota», palabras del secretario general del PP, Teodoro García Egea, que está perpetrando Sánchez. En Vox por lo demás, algunas voces nuevas se muestran más receptivas al consenso de lo que lo hace el matrimonio Monasterio-Espinosa. Es el caso, sin ir más lejos del diputado por Barcelona, Juan José Aizcorbe, recientemente nombrado gerente nacional del partido. Se trata en definitiva de movilizar de una u otra forma a esa «España inerte», que denuncia en cuantas ocasiones le son propicias, Manuel Pizarro, uno de los componentes más activos de esta sociedad civil que se dice alarmada pero que, sin embargo, no es consciente de lo que están haciendo con ella.

Sánchez va pagando, cuenta a cuenta, el precio acordado con los separatistas y no guarda escrúpulo alguno incluso en reunirse con un político inhabilitado como Quim Torra. Según fuentes que beben en la fuente de La Moncloa, incluso en el caso de que el Tribunal Supremo se pronuncie próximamente -no tardará desde luego diez días- por la inhabilitación de Torra desoyendo la suspensión que le ha pedido el fiscal socialista Crespo, el presidente viajará a Barcelona para entrevistarse con Torra. «La inhabilitación no va a ser obstáculo», cuenta a este cronista un colega que conoce muy bien los planes de Sánchez. A este país sólo le quedará el Tribunal Constitucional por eso Sánchez pretende volarlo en su actual composición.