España

ERC perdonará a Sánchez el espionaje si le garantiza por escrito impunidad para el golpismo

ERC acaba de registrar en el Congreso de los Diputados una proposición en la que exige al Gobierno garantías firmes y plasmadas ante la Cámara de la impunidad de los CDR y del resto de separatistas que siguen desafiando la legalidad y atacando la unidad de España. Forzará al PSOE a tener que decantarse en lo que se convierte en una exigencia sin precedentes en el Parlamento.

La petición exacta a Pedro Sánchez por parte de ERC ha sido redactada con sigilo: “Cumplir con las recomendaciones dirigidas al Estado español incluidas en la Resolución 2381 (2021), de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa”. La reclamación, sin embargo, cuenta con toda una explicación que devela el verdadero sentido que da ERC a esa frase.

Así, la explicación destaca que “el Estado español es miembro de pleno derecho del Consejo de Europa desde el 24 de mayo de 1977” y que “ser Estado miembro implica formar parte de un sistema de garantía colectiva y comprometerse con unos estándares de calidad democrática, de respeto del estado de derecho y de salvaguarda de los derechos humanos”.

¿Cuáles son esos estándares según el partido de Oriol Junqueras y Gabriel Rufián? Pues los de dejar impunes a los CDR y demás separatistas que desafían la ley y que tienen incluso causas pendientes ante la Justicia.

“El artículo 3 del estatuto del Consejo de Europa reconoce el principio del imperio del Derecho y el principio en virtud del cual cualquier persona que se halle bajo su jurisdicción ha de gozar de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y se compromete a colaborar sincera y activamente en la consecución de la finalidad definida en el capítulo primero”, expone en su documento ERC.

 Delitos de rebelión y sedición

“El Estado español, como todos los miembros del Consejo de Europa, está sometido a distintos procedimientos de supervisión y de rendición de cuentas, y es en este sentido que ha de cooperar con esta organización internacional para la consecución de esas finalidades”, añade.

Según el partido de Gabriel Rufián, “el 21 de junio del año pasado, durante la 16a sesión, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, aprobó la Resolución 2381 (2021) “¿Debe perseguirse a los políticos por declaraciones realizadas en el ejercicio de su cargo?” dirigida a las autoridades españolas y turcas”. Y en esa resolución, en su parte expositiva, “se invita a todos los Estados miembros, pero especialmente al Estado español y Turquía, a respetar la libertad de expresión y manifestación de políticos para así proteger el diálogo democrático”, apunta el texto de ERC.

Por ello, los de Rufián creen que el Gobierno de Pedro Sánchez debe “reformar los preceptos penales de rebelión y sedición. Pero no reformarlos de cualquier manera, sino de manera que su interpretación no conlleve una vuelta a la penalización por la organización de un referéndum ilegal, teniendo en cuenta que se despenalizó en 2005, o que pueda dar lugar a sanciones desproporcionadas por transgresiones no violentas”.

Es más, también debe “indultar a los presos políticos catalanes, así como retirar los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes que residen en el exilio por organizar el referéndum y otras manifestaciones masivas”. Es decir, garantizar la impunidad y, por supuesto, la paralización de las causas penales abiertas. Porque también pide “retirar todos los procesos penales, incluidos los relativos a funcionarios de menor rango involucrados con el referéndum de 2017 y abstenerse de sancionar a los políticos sucesores de los presos políticos por acciones simbólicas que meramente expresaban solidaridad con aquellos en prisión”.

“El Estado español también debe asegurar que el precepto penal sobre malversación de caudales públicos se aplique de tal manera que la culpabilidad se determine, si y sólo si, las pérdidas para el presupuesto estatal o en sus activos, es real y cuantificada”, añade.

Además, le exige “abstenerse de pedir a los políticos catalanes que renieguen de sus convicciones o cambien sus opiniones políticas a cambio de un régimen penitenciario más favorable o de un indulto”.

Y, por último, pide que “el Estado español mantenga un diálogo abierto y constructivo, con las fuerzas políticas catalanas, para fortalecer la calidad de la democracia española, el estado de derecho, y el respeto a los derechos humanos, sin recurrir al derecho penal, y llegar a un compromiso que habilite a Estado español la solución de sus diferencias políticas, incluso en temas sensibles”.