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Interior

La empresa inventora de la baliza V16 ha recibido 2,2 millones en ayudas del Gobierno

Netun Solutions SL ha recibido múltiples subvenciones y avales del Ejecutivo desde 2022

Red.es, la empresa del 'caso Begoña Gómez', también dio dinero a esta sociedad gallega

Netun Solutions SL, la empresa inventora de la baliza V16 que la Dirección General de Tráfico, adscrita al Ministerio del Interior, ha establecido como obligatoria para los vehículos en circulación, ha recibido más de 2,2 millones de euros en ayudas públicas del Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años.

Desde el año 2022, esta firma gallega –constituida en 2016 y con domicilio social en Vigo (Pontevedra)– ha obtenido múltiples subvenciones y avales del Ejecutivo socialcomunista, según consta en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente de la Vicepresidencia Primera del Gobierno que dirige la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Por ejemplo, el 18 de abril de 2022 se hizo con una subvención de 10.000 euros de entre las destinadas por la empresa pública Red.es «a la digitalización de empresas del segmento I en el marco de la España digital 2025, programa Kit Digital». Cabe recordar que Red.es es la misma entidad pública que adjudicó al grupo de Juan Carlos Barrabés, gurú de la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez, hasta 10 millones en contratos tras las cartas de recomendación aportadas por la propia Begoña Gómez.

En noviembre de 2022, Netun Solutions SL consiguió 520.000 euros en tres concesiones a modo de «garantía» dentro de la «línea de avales ICO para la cobertura del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos. RD-I 6/2022 Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania», indica el Gobierno. Estos avales fueron concedidos por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Ese mismo mes, la sociedad cofundada por los ex guardias civiles Jorge Costas y Jorge Torre, logró otra subvención de 3.478,50 euros, en este caso, del Ministerio de Industria y Turismo en el programa de las ayudas dirigidas al «fomento de las patentes y modelos de utilidades españoles y en el exterior de la Oficina Española de Patentes y Marcas para 2022».

En julio de 2023, consta otro aval del ICO otorgado a la inventora de la baliza V16 por importe de 1,2 millones de euros dentro del plan nacional del Gobierno de Sánchez de «respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania».

En el mes de noviembre de aquel ejercicio, Netun Solutions SL –presidida ahora por Francesc Minoves– volvió a recibir una subvención directa de la Oficina de Patentes y Marcas que se situó en 5.193 euros. Y en abril de 2024, figura otro aval del ICO del mismo plan de respuesta a la guerra en Ucrania por valor de 530.000 euros. En total, estas concesiones suman 2.268.671,5 euros.

300 millones de recaudación

Desde el PP, su portavoz en el Parlamento europeo, Esteban González Pons, ha denunciado la recaudación millonaria del Gobierno de Sánchez con la «imposición de la nueva baliza V16 por parte de la DGT que dirige Pere Navarro. Según sus estimaciones, más de 300 millones de euros sólo con el IVA.

Para los populares, este instrumento, concebido por el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, para reemplazar la función de los triángulos de emergencia, «no debería costar dinero a los españoles».

«Un gobierno manchado por la corrupción nos obliga a comprar una medida de seguridad que pagamos nosotros y que nos obliga a pagar un impuesto indirecto que le supone al gobierno recaudar 300 millones de euros más solo por el IVA», ha criticado Pons.

También Vox ha rechazado la obligatoriedad de la baliza de emergencia V16 por no contar con «justificación técnica» y por suponer «un gasto adicional para millones de familias».

«Cuando los españoles peor lo pasan por el encarecimiento del coste de la vida, Sánchez impone otro gasto adicional a millones de familias que no cuenta, además, con una justificación técnica ni sólida con un análisis económico previo que permita valorar su impacto real», ha señalado la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán.