El PP de Valencia intenta arreglar el caos en las cuentas corrientes de la formación

La dirección regional del Partido Popular valenciano ha comenzado a regularizar la situación de la formación y adaptarse a la nueva ley de financiación de partidos. Después del caos encontrado a nivel local en el PP tras la conocida ‘Operación Taula’, la gestora que se ha hecho cargo del grupo popular municipal va a centralizar todos los ingresos en una cuenta única y, según ha sabido OKDIARIO, ya ha pedido a todos los distritos que modifiquen los contratos de alquiler de las sedes, los cuales deben estar a nombre del partido y no de particulares como ocurre en la actualidad.

La gestora se encontró con un panorama preocupante en las cuentas del PP municipal, hasta el punto de que recibió un burofax en la que uno de los asesores imputados por blanqueo de capitales, Alejandro Fernández Checa, le informaba de la existencia de una cuenta corriente a su nombre que el partido regional desconocía y que contenía dinero de la lotería del PP de Valencia. Fuentes de la dirección del partido aseguran que dicha información se remitió de inmediato al juez del caso, que investiga a 47 personas, más el PP como persona jurídica, por las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores para la campaña electoral municipal de 2015, y que presuntamente les eran devueltos por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

Esta tercera cuenta bancaria del partido municipal apareció después de las dos reconocidas por la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García-Fuster, quien gestionaba las cuentas del partido y principal imputada en la investigación del conocido ‘caso pitufeo’.

En este sentido, la gestora ha decidido poner orden en las cuentas y reconstruir su estructura interna, especialmente de cara a las elecciones del 26J, después de la suspensión de militancia de varios dirigentes del PP local que ha generado un problema de estructura interna y de organización de la campaña electoral, ya que éstos se ocupaban de organizar y movilizar a los afiliados y simpatizantes para la celebración de actos y asistencia como interventores en los numerosos colegios electorales. El próximo lunes se nombrarán los comités electorales. Además, se recuperará a las personas de la ejecutiva de los distritos que estaban antes de la ‘Operación Taula’, aunque no a los suspendidos de militancia. También se está pidiendo a los afiliados de base una mayor implicación para revitalizar la vida de los distritos y movilizarse.

Por otro lado, la gestora ha trasladado a los distritos del PP de la ciudad de Valencia que todos los alquileres de las sedes deben estar a nombre del partido y que será éste el que se ocupe de los pagos, con el fin de adaptarse a la nueva ley de financiación de partidos y dar estabilidad económica a los distritos.

Desde la dirección del Partido Popular de la Comunidad Valenciana reconocen que la situación es complicada desde el punto de vista de las circunstancias procesales, con nueve concejales del grupo popular imputados como consecuencia de la ‘Operación Taula’. «Hay que pasar página, ponerse en marcha y hacer una oferta atractiva para los ciudadanos porque vamos a presentarnos a las elecciones», sostienen.

Así, el PP valenciano quiere romper con una etapa en la que los escándalos de corrupción han tenido importantes consecuencias en su imagen, e incluso aspira a la refundación del partido.