Delgado envuelta en una nueva polémica: incumple la ley de traslados para funcionarios de Justicia
Los funcionarios titulares de Justicia avanzan la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio para impugnar el concurso de traslados de 2019 que todavía no ha sido convocado, cuando la ley recoge que debería hacerse en el primer trimestre del año.
«Justicia está incumpliendo la ley», denuncian los funcionarios. Los empleados públicos de la cartera que dirige, en funciones, Dolores Delgado advierten de las irregularidades en las que incurre el Ministerio al ofrecer a los futuros funcionarios, hoy opositores, las plazas desiertas de todos los traslados anteriores a 2018 -y las del concurso de 2019 que todavía no ha sido convocado- sin hacerlo previamente a los ya titulares.
El pasado 6 de junio, se publicaba en la web ministerial un oficio firmado -con fecha 21 de febrero- por el Subdirector General de Medios Personales al Servicio de la Admiración de Justicia, José Ramón Crespo Sánchez. En dicho documento se hacían públicas las plazas que resultaron desiertas en el concurso de traslados de 2018. En dicha orden técnica se establece que las vacantes serán ofrecidas a quienes aprueben las próximas convocatorias de empleo público, alguna de las cuales no ha sido, ni siquiera, formalizada.
Por ello, los funcionarios denuncian que el Ministerio de Justicia -y las Administraciones con competencias transferidas en la materia- «está cometiendo una ilegalidad manifiesta» al reservar plazas a funcionarios de nuevo ingreso que no han sido «objeto de concurso de traslado previo» entre quienes ya tienen la condición de funcionario. Tal y como se recoge y exige el artículo 28.2 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre.
Los funcionarios de carrera no han recibido ninguna respuesta desde el Ministerio de Justicia
Las plazas que recoge el Anexo I del documento -desiertas del concurso de traslados de 2018- y en el Anexo II -desiertas de los anteriores a dicho año- no han sido ofertadas nunca al grupo de funcionarios de la promoción 2015, los primeros con derecho para optar a ellas.
En la Constitución
«Esto quiere decir que, en 2019, se están reservando plazas a futuros profesionales sin haberse consultado a los actuales titulares», insisten varios de estos últimos a OKDIARIO.
«Se está vulnerando el artículo 23.2 de nuestra Constitución, que reconoce a todos los ciudadanos el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes», añaden. Para acto seguido confirmar que si Justicia no rectifica, la plataforma que han constituido, inicialmente, para la recogida de firmas, estudia emprender acciones legales.
Fuera de plazo
«No es lógico que el Ministerio tenga tiempo para reservar plazas a personas que no son funcionarios de Justicia todavía y no para organizar, por ejemplo, el concurso de traslados en tiempo y forma», se lamentan los titulares.
«El incumplimiento de estos plazos es intencionado», aseguran a OKDIARIO los perjudicados, «dilatar la convocatoria en el tiempo permite al Ministerio reservar plazas para nuevas oposiciones antes de la publicación de los concursos de traslados», tal y como exige el Reglamento de aplicación, dentro de los tres primeros meses del año.
La discrepancia nace de la diferenciación que Justicia hace entre las «plazas vacantes» frente a las «plazas desiertas», una tipología, esta última, que no aparece recogida en la ley. «En cualquier caso, si se quiere distinguir entre ambas», como se viene haciendo en la Administración de Justicia «de manera sistemática», la plaza desierta -aquella ofrecida a quienes son funcionarios sin que sea solicitada por nadie- «debería adquirir la condición de desierta una vez se haya ofrecido a todos y cada uno de los titulares con posibilidad de concursar», apuntan.
De modo que «no se vulneraría la legislación vigente» ni «el Ministerio de Justicia discriminaría a sus funcionarios de carrera anteponiendo en el escalafón de puestos vacantes a los futuros nuevos aprobados de la Administración». Una reclamación que, hasta la fecha, no ha sido atendida desde la institución dirigida por Delgado que se mantiene en silencio a pesar de la polémica.
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