El cuaderno de Leire confirma que también querían comprar el testimonio de Aldama y del novio de Ayuso

La libreta azul intervenida por la UCO de la Guardia Civil a Leire Díez, la cloaquera del PSOE, confirma que la presunta red de operaciones encubiertas del PSOE tenía entre sus objetivos comprar el testimonio tanto del empresario Víctor de Aldama como del entorno jurídico de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Las anotaciones manuscritas, consultada por OKDIARIO, están en una cuadernola marca Campus de tapas azules con casi un centenar de páginas. Ya está bajo análisis judicial. La UCO intervino ese cuaderno en el marco de la trama SEPI que investiga el magistrado Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.

Entre los nombres que aparecen en la libreta figura Carlos Neira, identificado en las anotaciones como abogado, junto al nombre de José Antonio Choclán, abogado de Aldama.

La mención de Neira —letrado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso— en un documento que recoge operaciones para neutralizar objetivos judiciales resulta especialmente relevante, pues sugiere que el entorno de la presidenta madrileña también estaba en el punto de mira de la trama.

Igualmente aparece Ramón Bermejo, el portavoz de Víctor de Aldama, en una anotación que hace referencia explícita a su figura y a la anotación: «Intentando quedar». 

En la fila inmediatamente superior, Leire escribió igualmente «ilegalidad Luzón en la declaración de Aldama». Otra muestra de su guerra sucia contra el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón

La inclusión de Bermejo en la libreta cobra ahora una dimensión judicial de primer orden: el propio Aldama afirmó que «querían que toda la culpa recayera sobre mí», y estas páginas podrían convertirse en una de las pruebas. Al PSOE le venía bien que cargara con todas las responsabilidades del macrocaso de corrupción que destapó en el seno del Ministerio de Transportes y el PSOE.

«Cocainómano» Aldama

La libreta no ahorra adjetivos. Junto al nombre de Víctor de Aldama y el de su abogado Choclán, Leire Díez escribió: «Choclán va a negociar con Aldama». Acto seguido, añadió una sola palabra: «Cocainómano». La anotación, según el sumario, aparece en el contexto de una estrategia para gestionar la posición del empresario ante la Justicia.

En otra entrada, Díez detalla cuál debía ser el papel de Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI, en el organismo: una posición «no visible pero oficial, para poder seguir siendo interlocutor en operaciones complejas».

También destaca una referencia al fiscal Anticorrupción José Grinda con mención a «300.000 euros» para ayudar al fiscal con «un problema con una menor», lo que, según el informe de la UCO, «guardaría relación con lo relatado por el fiscal Grinda, ya que se le habría ofrecido pagar a la demandante para alcanzar así un arreglo extrajudicial».

Aldama contra Bolaños

Ramón Bermejo mantiene un pleito con el ministro Bolaños. El ministro presentó en mayo una demanda de protección del derecho al honor reclamando 70.000 euros en concepto de daños y perjuicios. Bolaños ha subrayado que «no conoce ni ha hablado nunca, ni tiene ni ha tenido relación personal alguna» con el empresario ni con Bermejo.

El portavoz de Aldama ya aseguró que intercambió mensajes con Cristina Narbona, presidenta del PSOE, y ahora ve que la fontanera socialista de referencia de Ferraz también quería entablar relación con él.

Leire Díez, el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández y el también empresario Antxon Alonso fueron detenidos en el marco de la trama SEPI. Tras declarar ante el juez de guardia, quedaron en libertad con medidas cautelares después de que el Ministerio Público, ya dirigido por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ordenara que no se solicitara prisión provisional para ellos.

El cuaderno azul marca Campus sigue siendo analizado por la UCO. Cada página que se descifra añade un nuevo eslabón a una cadena que, según la acusación, conecta operaciones de espionaje político, gestión de testigos y neutralización de objetivos judiciales. La pregunta que sobrevuela los despachos de la Audiencia Nacional es cuántas páginas quedan aún por leer.