El Consejo de Estado avisa a Irene Montero del «problema probatorio» del «consentimiento» en su ley

El Consejo de Estado advierte en un crítico dictamen sobre el proyecto de ley de Garantías de la Libertad Sexual -aprobado este martes en el Consejo de Ministros- del «problema probatorio» del «consentimiento», la idea central de la ley estrella de Irene Montero.

«Cuando lo que se discute es la existencia o no del consentimiento o de la autorización que convertiría la conducta en perfectamente legítima, el problema probatorio se convierte en el aspecto central», advierte el texto, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

«Se trata de un problema cotidiano en los procesos penales, cuya resolución en ningún caso puede violentar el derecho fundamental a la presunción de inocencia ni permitir la inversión de la carga de la prueba, por lo que el problema operativo de las cláusulas de consentimiento seguirá siendo de naturaleza probatoria», añade, aludiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El Consejo de Estado aprobó su dictamen el pasado 10 de junio. Las críticas ahí vertidas, junto a las del CGPJ, hicieron que el Ejecutivo matizase algunos aspectos de la ley, como es el caso. En el texto, el organismo señala que el concepto de «consentimiento» incluido en la versión inicial resultaba «oscuro».

Los primeros borradores determinaban que «se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto».

Sin embargo, el texto actual incorpora un consentimiento «en positivo». Así, la nueva redacción señala que «sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona».

El acoso sexual callejero

Otra de las novedades de la ley es que desaparecerá el delito de abuso sexual y todo acto sexual sin consentimiento será considerado agresión sexual.

También se penalizará el acoso sexual callejero. Se castigará con «pena de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses» quienes «se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad».

Como publicó OKDIARIO, la nueva ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual de Irene Montero permitirá acreditar la existencia de «situaciones de violencias sexuales» sin la mediación de un juez.

Según el texto, que iniciará su tramitación parlamentaria tras la aprobación en el Consejo de Ministros, las víctimas de la violencia sexual no precisarán una sentencia condenatoria para acceder a derechos reconocidos en la ley, como la reparación económica o vivienda.

Podrán acreditarse estas situaciones «mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencias sexuales de la Administración Pública competente, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los casos objeto de actuación inspectora; o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en la legislación sectorial que regule el acceso a cada uno de los derechos y recursos».

Riesgos para la seguridad jurídica

El dictamen del Consejo de Estado vierte serias críticas sobre el procedimiento de elaboración de la ley y los «solapamientos» con otras modificaciones del Código Penal en marcha. Así, se alerta de que la reforma «se superpone a otras anunciadas o recientemente aprobadas», como la ley de la infancia. Esto, según el Consejo de Estado, puede suponer «gravísimos riesgos» para la «seguridad jurídica».

«El Consejo de Estado no puede dejar de subrayar los gravísimos riesgos que para la seguridad jurídica, el principio de última ratio del Derecho Penal y la coherencia del ordenamiento jurídico supone la tramitación solapada de modificaciones de las normas penales propuestas por distintos departamentos ministeriales y sin una visión global que permita salvaguardar la congruencia de nuestro sistema penal y la proporcionalidad punitiva», se advierte.

Críticas a la urgencia

Por otro lado, el Consejo de Estado también censura la urgencia del Gobierno para aprobar la ley del ‘sólo sí es sí’ reduciendo para ello los plazos y trámites oportunos.

El organismo no oculta su malestar. «Tras una tan larga y extensa tramitación, hubiera sido necesario conferir al Consejo de Estado un plazo más amplio para efectuar un examen más sosegado del texto sometido a dictamen», se recoge en el texto.

También se critica que no se haya sometido a consulta pública «por concurrir una razón grave de interés público, como es la necesidad imperiosa y acuciante de garantizar la seguridad y la libertad sexual de las mujeres».

«El Consejo de Estado no puede dejar de censurar la gravedad que reviste la omisión de este trámite procedimental de la consulta previa», destaca.