El Congreso insta al Gobierno a aprobar una ley de protección de los denunciantes de corrupción

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha acordado por unanimidad reclamar al Gobierno un proyecto de ley de protección a los denunciantes de casos de corrupción bajo una regulación específica que no solo aborde esta problemática sino que conlleve la recuperación de la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Los grupos parlamentarios han respaldado una enmienda de modificación presentada por el grupo parlamentario socialista a la proposición no de ley registrada por el PNV en la que se instaba al Ejecutivo a elaborar un Libro Blanco en el que se regulara en nuestro ordenamiento jurídico la protección de denunciantes, peritos y testigos que prácticas corruptas.

El diputado socialista Artemi Rallo ha justificado su enmienda por la necesidad de «atajar» el problema de la corrupción ante la «pasividad» de los poderes públicos y ha acusado al Ejecutivo popular de «darse por satisfecho» con la aprobación de un «pseudo plan» contra la corrupción que no ha tenido verdadera aplicación, en referencia al pacto anticorrupción aprobado en la Cámara Baja en febrero de 2013 y que salió adelante pese a la abstención del PSOE.

«El objeto de nuestra enmienda es que se inste al Gobierno a presentar un proyecto de ley; creemos que el medio en este momento más útil para acometer el objetivo (de proteger a los denunciantes de corrupción) es una iniciativa del Gobierno», ha dicho Rallo quien ha recordado que su formación va a estar «muy vigilante» con el cumplimiento que pueda realizar el Ejecutivo de Mariano Rajoy sobre esta proposición.

El ‘popular’ Francisco Molinero, vicepresidente segundo de la Comisión de Justicia, ha reconocido que coincide en el diagnóstico que el parlamentario socialista ha hecho de la situación actual y aunque entiende que se pueden tomar más medidas para que disminuyan los casos de corrupción, defiende que su formación «es el partido más implicado» en la lucha contra esta práctica y que España en la actualidad cuenta con un marco normativo garante de los derechos de víctimas y denunciantes.

La diputada de Unidos Podemos Sara Carreño ha apoyado la enmienda de los socialistas y ha destacado la urgencia de proteger a denunciantes de casos de corrupción, haciendo mención concreta a la labor de la Plataforma X la Honestidad en esta materia. No obstante considera que la tramitación de esta ley no debería limitarse a víctimas y denunciantes sino que se hace necesario un acuerdo estatal en esta materia.

El portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Justicia, Nacho Prendes, se ha pronunciado en la línea al asegurar que es fundamental que en la elaboración de este proyecto de ley se cuente con la colaboración de empleados públicos para convertirles en «los principales agentes en la lucha contra la corrupción» dotándoles de mecanismos que permitan que puedan denunciar ilegalidades sin que eso suponga una amenaza o perjuicio en su contra.

«El combate contra la corrupción es posible, no creemos que sea una maldición de los cielos que ha caído en este país. Hay que actuar con decisión, voluntad política y creemos que es necesario introducir más transparencia y responsabilidad, todo ello de forma conjunta», ha defendido Prendes durante el debate de la Comisión.