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Citado como imputado el ex consejero madrileño Alfredo Prada en el caso del Campus de la Justicia

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha citado en calidad de investigado al que fuese vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, así como a tres cargos del proyecto por el escándalo del Campus de la Justicia.

En concreto, Prada deberá comparecer ante el juez el próximo 27 de marzo, cuando también han sido citados el arquitecto y director general técnico del proyecto Isabelino Baños, el subdirector técnico José Sanz Piñar y el director del área financiera del Campus de la Justicia de Madrid, Alicio de las Heras.

El auto señala que la sociedad Campus de la Justicia de Madrid no seguía ningún criterio de racionalidad económico -organizativo y presentaba un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal administrativo sumamente débil. Además, todos los puestos de trabajo de la sociedad se cubrieron por personas de confianza de los gestores políticos del proyecto y, en algunos casos, vinculados a intereses privados.

El Campus de la Justicia que debía erigirse en Valdebebas ha costado a la Comunidad de Madrid 98 millones de euros sin haber llegado a funcionar nunca, según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas presentado este jueves.

De esta cantidad, 80 millones de euros públicos se ha invertido en obras. Con algunos ejemplos especialmente llamativos. El proyecto de las futuras sedes de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha costado 19 millones de euros (la mayor parte de esta cifra, en honorarios de los arquitectos), sin que se haya llegado a colocar ni una sola piedra. Sólo el acto de presentación de ambas maquetas costó 80.000 euros.

El único edificio que está parcialmente acabado es el del Instituto de Medicina Legal: hasta el momento ha costado 22 millones, y sería necesario gastar seis millones más para que el inmueble quede acabado, según el órgano fiscalizador. La Comunidad de Madrid gastó otros 35 millones en las obras de urbanización de la zona.