Cifuentes pide a la juez del caso máster que se inhiba a favor del Supremo

La defensa de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha solicitado a la juez de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que se inhiba a favor del Tribunal Supremo (TS) en relación a la causa en la que la exmandataria madrileña está investigada al considerar que «la continencia» del proceso se rompería ante la posible investigación que abrirá el Alto Tribunal por la condición de aforado de candidato a presidir el PP Pablo Casado. Así consta en un escrito de ocho páginas al que ha tenido acceso Europa Press.

El documento, fechado el pasado 20 de junio, se produce días antes de que Cifuentes tenga previsto comparecer en calidad de investigada ante la jueza. Lo hará el próximo martes. La comparecencia de la expresidenta del PP de Madrid se produce dentro de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en el máster en Derecho Autonómico que cursó en 2012 en el Instituto De Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). A raíz del proceso matriz, se han abierto al menos cuatro causas separadas.

En el escrito, la defensa expone que en la instrucción se abrió pieza separada para investigar «la obtención del mismo título de máster por otro de los alumnos» del citado Instituto mencionando a continuación al candidato a presidir el PP Pablo Casado. De ello, según la abogada, «se desprendía la consideración de una actividad delictiva continuada por parte de dicho IDP».

Acto seguido, se indica que se ha tenido conocimiento de que se ha pedido al Congreso de los Diputados que acredite la condición de diputado de Casado de cara a su aforamiento ante el Tribunal Supremo.

En los fundamentos de derecho, esta parte recalca que al tratarse de un solo delito continuado debe juzgarse a todos los investigados por una jurisdicción especial en relación al Supremo. En la causa hay ya catorce investigados.

«La investigación contrae a la posible comisión de un delito continuado de falsificación, prevaricación administrativa y cohecho impropio, por lo que se hace necesaria una instrucción conjunta de todos los hechos que conforman la continuidad, que son complejos, ante un solo órgano judicial», destaca.

Además, incide en que al aforado «se le relaciona con una participación que no es escindible de las conductas atribuidas a los docentes, ni la de estos puede aislarse de la que se le imputa» a Cifuentes, por lo que «la jurisdicción especial debe arrasar a todos los investigados».

Agrega que en el plano estrictamente procesal, un enjuiciamiento separado podría dar lugar a pronunciamientos contradictorios y a la repetida innecesaria de diligencias. Prosigue afirmando que este caso sería «claramente disfuncional» y estaría en contradicción con la doctrina del propio Alto Tribunal.

Por tanto, pide que se inhiba al Supremo para «no romper la continencia de la causa y para evitar pronunciamientos contradictorios; para la mejor valoración de todos los elementos circunstantes; y para respetar la realidad jurídica».