La chulería de Podemos: notifica al juez que tomará antivómitos para leer las acusaciones por Neurona

El matonismo de los abogados de Podemos en sus escritos aportados al juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, retratan a la formación morada. En un escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el letrado de la gerente Rocío Val manifiesta al instructor que su cliente tiene que ingerir «una buena dosis de Primperan» –un medicamento utilizado para prevenir náuseas y vómitos– para leer los escritos de las acusaciones populares personados en el procedimiento. En esta causa se investiga el desvió de fondos públicos a la empresa chavista Neurona Consulting, la ‘Caja b’ de Podemos y los sobresueldos de algunos altos cargos como la propia gerente y el tesorero Daniel de Frutos.

El abogado podemita Luis Antonio de Padua Ortiz de Mendívil, que también representa al panfleto La Última Hora en otras causas judiciales, ha dirigido al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid un escrito «irrespetuoso e inapropiado de un letrado», manifiestan a este periódico. El mismo responde a un recurso de reforma de la asociación de juristas Prolege, que ejerce junto a Vox la acusación popular en la causa, en el que esta asociación se opone al archivo de la investigación de los sobresueldos de Podemos.

El letrado de Rocío Val asegura que la acusación «ejerce una valoración crítica» de la testifical del ex gerente Pablo Fernández Alarcón, pareja de la diputada podemita Gloria Elizo, al afirmar que el testigo faltó a la verdad en su declaración. Y es que Prolege estaba en lo cierto. Hay que destacar que el abogado purgado por desvelar las irregularidades de los morados, José Manuel Calvente, contó al juez un año antes que el ex gerente Alarcón le alertó de unos contratos «falsos» con la empresa chavista Neurona Consulting y con la portuguesa ABD Europa LDA para beneficiar presuntamente a políticos de países latinoamericanos. Esta es la principal línea de investigación que se sigue en el procedimiento.

Pero el ex gerente podemita Pablo Fernández Alarcón –que tanto él como su mujer, Gloria Elizo, siguen trabajando para el partido– decidió negar la mayor ante el juez. Alarcón aseguró que no conocía los contratos con la empresa mexicana y que tampoco le dijo a Calvente que Monedero intermedió en dicha relación contractual y se llevó una comisión por realizar esa labor.

El matonismo de Podemos

La acusación popular también recalca que tanto Rocío Val como su antecesor Alarcón fueron los encargados de implementar el complemento salarial de coordinación pese a que no tenían facultades para ellos. En definitiva, se subieron sus propios sueldos sin tener competencias para hacerlo.

Para rebatir esta cuestión, el letrado de los morados alega que «tampoco constan las facultades de: despedir y sancionar a los empleados del partido; las de aprobar las solicitudes que los trabajadores de la organización sobre excedencia… etc.» Y, sin embargo, los ejecutaban. «Si aplicáramos los razonamientos que plasma Prolege en su recurso de reforma a las decisiones sobre las cuestiones laborales a las que acabamos de aludir, el ritmo de comisión del delito de administración desleal de los gerentes de Podemos sería frenético», añade el letrado de la gerente podemita.

Juristas consultados por OKDIARIO manifiestan que el hecho de que «todos hayan cometidos un sinfín de irregularidades no exculpa la acción presuntamente delictiva del investigado». En todo caso, añaden, tendría que ampliarse la investigación.

El abogado de Podemos se despide en su escrito con un descortés comentario: «Por lo que afecta a Rocío Val, y tras la ingesta de una buena dosis de Primperan o de cualquier otro antiemético de similar eficacia…». Y, seguidamente, amenaza a la acusación con emprender acciones legales. El objetivo, según fuentes consultadas, es amedrentar a las partes de la causa que piden al magistrado que se investiguen las irregularidades de Podemos.