El CGPJ mantiene a Pablo Lucas como juez encargado de controlar el CNI

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado por unanimidad mantener al juez del Tribunal Supremo, Pablo Lucas, como magistrado encargado de controlar la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Lucas ha estado en el cargo desde 2009 y estará, al menos, otros cinco años más, es decir, hasta 2029.

El órgano de gobierno de los jueces ha adoptado con el apoyo de los 20 vocales que lo conforman la medida de mantener al juez del Alto Tribunal como responsable de esa tarea. Lo han hecho a propuesta de la presidenta del Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló.

Tal y como puede leerse en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el CGPJ es el encargado de nombrar un juez encargado de controlar al CNI y otorgar autorizaciones para que pueda ejercer sus responsabilidades cuando las actuaciones tengan impacto sobre los derechos fundamentales, como por ejemplo las entradas en domicilios o pinchazos telefónicos. Será elegido entre los jueces de la Sala Segunda, es decir, de lo penal, o de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Supremo.

Lucas forma parte de la Sala Tercera del Alto Tribunal desde noviembre de 2001 y es su presidente en funciones desde el 31 de diciembre de 2022. La primera vez que el CGPJ lo nombró magistrado encargado del CNI fue el 19 de noviembre de 2009, fue renovado el 20 de noviembre de 2014 y otra vez el 19 de diciembre de 2019.

Andrés Martínez Arrieta, sustituto

El juez Andrés Martínez Arrieta, magistrado de la Sala Segunda y presidente en funciones de la misma desde hace dos semanas, ha sido nombrado como su sustituto en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad. Este magistrado ocupa el cargo desde el 20 de diciembre de 2017. En aquel momento, ocupó el puesto de Julián Sánchez Melgar, al ser nombrado fiscal general del Estado.

Perelló elevó al pleno su propuesta para renovar otro mandato más a Lucas y a Martínez Arrieta alabando la trayectoria profesional de ambos. Sobre ellos, afirmó que contaban «con amplia experiencia en el ejercicio de la jurisdicción, su cualificación, su sólida formación jurídica, la solvencia y profesionalidad con que han ejercido hasta ahora el cargo, les acreditan como profesionales idóneos para el ejercicio de tan importante función jurisdiccional».