‘Caso Guardería’: otra denuncia al PP de Murcia que archiva la Justicia al no ver indicios de delito

Otra denuncia contra un cargo del Partido Popular en Murcia archivada por la Justicia. La consejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente del Gobierno de la Región de Murcia, Adela Martínez-Cachá, fue llamada a declarar como investigada el pasado 15 de febrero por un presunto delito de prevaricación administrativa. Pero este miércoles, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, instructor del llamado ‘caso Guardería’, ha decretado el sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias previas practicadas.

La oposición no dudó en exigir que la consejera dimitiera, al tiempo que el fiscal pedía la inmediata apertura de juicio oral. Martínez-Cachá fue a declarar hace dos semanas y este miércoles, el TSJ de Murcia ha cerrado el caso al no ver indicios de ningún delito. Fuentes ‘populares’ destacan que «ésta es una más de las causas construidas contra el PP que se archivan2… Y que «ya van casi 100».

El magistrado del TSJM Enrique Quiñonero ha cerrado, así, el caso del traslado y posterior demolición de la Escuela Infantil del barrio de La Paz de Murcia. Entiende el instructor que puede discreparse y se podría calificar de «arriesgada, inoportuna o poco realista» la estrategia de simultanear las distintas fases administrativas; se podría disentir de la manera que el Ayuntamiento tenía de afrontar los asuntos públicos; «incluso cabría entrar a discutir el modelo de desarrollo urbanístico emprendido».

Sin embargo, deja claro que «no puede decirse, sin incurrir en una valoración meramente subjetiva, puramente especulativa y carente del necesario y riguroso soporte probatorio que, en su finalidad última, el traslado y posterior demolición de la escuela infantil respondieran al mero capricho, a la arbitrariedad o a la satisfacción de intereses espurios, urbanísticos, políticos o de otra clase».

El instructor, en un auto notificado este miércoles, no advierte la presencia de los elementos que califican el delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal, porque, como explica en su fundamento quinto, «sin hacer una valoración definitiva, que aquí no procede, acerca de si los acuerdos respetaron formalmente la legalidad administrativa, no puede afirmarse que con su adopción pusieren los investigados su voluntad sobre los intereses que la ley protege y que lo hiciera con la gravedad propia de una conducta que pueda ser calificada de injusta y arbitraria».

Recuerda en los antecedentes de hecho de la resolución, que durante la instrucción de este procedimiento, la magistrada del Juzgado 1 de Murcia dictó tres autos de sobreseimiento respecto de todos los denunciados, en 2011, 2013 y 2015.

Revocados para que se llamara a declarar a los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en la fecha de esa decisión y al promotor del proyecto, quedando pendiente la de la consejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Adela Martínez Cachá, precisamente por ser aforada. Ésta fue citada como investigada el 15 de febrero, después de que la Sala Civil y Penal se declarara competente.