Casa dels Canonges, la vivienda oficial de la que disponen los presidentes de la Generalitat en la Plaza de Sant Jaume
La Generalitat sostiene una vivienda oficial sin habitar mientras buscaba un piso de entre 85 y 105 metros en el centro de Madrid
Los presidentes de la Generalitat disponen de residencia oficial desde 1931. Es la Casa dels Canonges, un conjunto gótico del siglo XIV situado en el Barrio Gótico de Barcelona, pegado al Palau de la Generalitat y comunicado con él por un puente sobre la calle del Bisbe, que figura como domicilio oficial del cargo y que sigue hoy a disposición de Salvador Illa, el mismo president cuyo Govern ha reclamado un espacio de uso residencial en el centro de Madrid.
Su condición de residencia presidencial arranca con la Segunda República. Francesc Macià la convirtió en domicilio oficial del president en 1931, tras acometer obras de rehabilitación de la vivienda y el mobiliario por valor de 50.000 pesetas, y murió allí el 25 de diciembre de 1933. Su sucesor, Lluís Companys, mantuvo la costumbre y residió en el edificio hasta su marcha al exilio tras la Guerra Civil.
El tercero y último en habitarla de forma efectiva fue Josep Tarradellas, que se instaló en ella al regresar del exilio en 1977 y la ocupó hasta las elecciones al Parlament de 1980. Desde entonces, ningún presidente la ha utilizado como domicilio habitual. Jordi Pujol, primer presidente electo tras la Constitución, rehusó emplearla como residencia privada, y todos los que le han sucedido han hecho lo mismo.
Las únicas excepciones conocidas son las de Quim Torra y Carles Puigdemont. El primero se aisló allí de manera temporal tras dar positivo por coronavirus en los primeros días del confinamiento de 2020, mientras que el segundo la utilizó de forma muy esporádica. Pere Aragonès residió en su casa de Pineda de Mar, y el propio Illa tampoco la emplea como domicilio permanente.
El inmueble no está por ello vacío. La Generalitat lo destina a reuniones, almuerzos institucionales, audiencias y recepciones, y su mantenimiento corre a cargo del presupuesto autonómico. Es decir, la administración catalana sostiene una vivienda oficial que sus presidentes han preferido no habitar durante los últimos cuarenta y seis años.
Una residencia oficial en Madrid
Ése es el contexto en el que el Govern ha planteado su búsqueda inmobiliaria en Madrid. La contradicción es evidente: el president dispone de una residencia oficial que la Generalitat mantiene con cargo al presupuesto autonómico y que sus antecesores llevan cuarenta y seis años sin habitar, y el Ejecutivo que dirige ha reclamado una segunda vivienda en el centro de la capital sin explicar quién la ocuparía.
Barcelona y Madrid son, evidentemente, dos ciudades distintas, y una casa en el Barrio Gótico no resuelve las pernoctaciones de quien viaja a la capital. Pero el objeto de la operación madrileña era la sede administrativa de la Delegación y la librería Blanquerna, y a ese conjunto el pliego le añadió una vivienda de entre 85 y 105 metros cuadrados.
La operación llega además con la gestión de la red exterior catalana bajo escrutinio. El informe 11/2026 de la Sindicatura de Comptes, publicado el pasado 29 de julio, fiscalizó las 21 oficinas que el Govern mantiene fuera de Catalunya, con 20 delegados, un delegado adjunto y 70 empleados contratados en destino, y un presupuesto de 18,52 millones de euros en 2024.
El órgano fiscalizador concluyó que las delegaciones dejaron sin ejecutar 3,85 millones, el 29,07% de su presupuesto de gasto, que en seis de ellas los remanentes superaron la mitad de los fondos asignados y que la Generalitat no dispone de indicadores que permitan comprobar si esas oficinas cumplen los objetivos para los que fueron creadas.
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