Campo abrirá Oficinas de Justicia en los pueblos para evitar desplazamientos por gestiones judiciales
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de Oficinas de Justicia en los municipios enfocadas a evitar los desplazamientos a las cabezas de los partidos judiciales –donde se encuentran las sedes de los juzgados en cada territorio– y dar así «proximidad» del servicio público al ciudadano.
Así lo ha dicho durante su intervención el desayuno informativo organizado por Europa Press, en el que ha señalado las «políticas de Estado» que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez, entre las que se encuentra la transformación digital, y en especial de la Administración de Justicia.
Tras ser presentado por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España, Nadia Calviño, Campo ha explicado los retos que ha traído consigo la crisis sanitaria del coronavirus y ha afirmado que hay que aprovechar en la nueva normalidad, por lo que el Gobierno ha «reordenado prioridades».
En este sentido, Campo ha enfatizado que el departamento tiene el objetivo de aprovechar la «multitud de posibilidades» que tiene la tecnología y ha puesto en marcha un «proyecto de proximidad de la justicia», con la creación de unas oficinas de información, asistencia y tramitación de asuntos que están «enfocadas a evitar que los ciudadanos se tengan que desplazar a los partidos judiciales».
El ministro ha asegurado que las Oficinas de Justicia, que se desplegarán «pronto» por todo el territorio español, serán «muy útiles para las personas mayores», ya que dispondrán de personal especializado, que les prestarán una asistencia para realizar los trámites.
Con todo ello, el ministro ha recordado que este proyecto entra dentro de unos de sus principales objetivos al frente del Ministerio, que es «hacer un servicio público centrado en las personas». Así, ha reiterado su apuesta por la digitalización de la Justicia que, según ha indicado, no significa «poner robots para sustituir a jueces y fiscales», sino rediseñar el modelo y distribuir los recursos.
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