Bolaños convence a Sánchez de no retrasar las elecciones a 2024 para evitar un conflicto legal

• Joan Guirado @joanguirado
• Corresponsal de Gobierno y Casa Real. Siguiendo la actividad del presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y del Rey de España. También política catalana.
• • 11/06/2022 06:45
  • Actualizado: 11/06/2022 06:45

Convencerle sobre las elecciones no ha sido fácil, porque cuando a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se le pone algo entre ceja y ceja, va hasta las últimas consecuencias. Pero en esta ocasión, los conocimientos legales de Félix Bolaños (ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática) y el olfato político de Óscar López (director del Gabinete del presidente) han doblegado a un Sánchez que no ha dado su brazo a torcer hasta el final. Las elecciones generales serán en diciembre de 2023 y no en enero de 2024, como había verbalizado el jefe del Ejecutivo y como él quería.

Hacerle entrar en razón, aseguran fuentes cercanas a Bolaños -que en pandemia no logró hacerle desistir del uso del estado de alarma pese a que se demostró que era inconstitucional-, «no ha sido tarea sencilla». Pero el ministro y su jefe de Gabinete, lo han logrado. Ambos son, a día de hoy, dos de las personas que más hablan a diario con el presidente. Tras varias semanas estudiando la posibilidad de extender la legislatura hasta enero del 2024, como él mismo anunció durante un viaje a la Expo de Dubái, Pedro Sánchez ha desistido en su intento: habrá elecciones prácticamente en tiempo y forma.

La jura de la Constitución por parte de la Princesa Leonor al cumplir los dieciocho años, acto que recoge la Carta Magna en su artículo 61.2, puede hacer que los comicios se retrasen ligeramente por la imposibilidad de que ese día (31 de octubre) las Cortes estén disueltas. Pero siempre dentro de la legalidad. Fuentes de Moncloa, sin embargo, no descartan que la heredera al trono tenga que posponer ese trámite constitucional hasta que el nuevo Congreso esté elegido y en funciones.

Sánchez se venía agarrando a un informe que encargó Mariano Rajoy a la Abogacía del Estado en 2015 para llevar a cabo sus planes de extender el mandato también hasta el mes de enero. A ese documento y a una «interpretación» de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), según la cual los cuatro años de legislatura comienzan cuando empieza la sesión de investidura. Y «la nuestra fue en enero», recordaban a principios de año en el entorno del presidente antes de que le convencieran de que podía incurrir en un conflicto legal de adoptar esa decisión. Rajoy, entonces, hizo caso a la recomendación de los abogados del Estado de no prolongar la legislatura. El líder del PSOE hace caso a sus hombres.

La convocatoria electoral es una facultad que el artículo 115.1 de la Constitución y que atribuye al presidente del Gobierno que, bajo su exclusiva responsabilidad, propone la disolución de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. En el mismo decreto de disolución del Congreso y el Senado, el presidente, anunciará la fecha de los comicios. Teniendo en cuenta que las últimas elecciones generales se celebraron el 10 de noviembre de 2019, ese mismo día de 2023, expiraría el mandato de los parlamentarios.

De permitir la jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor en las Cortes, el presidente podría optar por no hacer uso de sus facultades de disolver las cámaras y dejar caminar la legislatura hasta el 10 de noviembre de 2023. Al cumplirse los cuatro años de la elección de los diputados y senadores, de forma automática, se disolverían los parlamentos y un día más tarde se publicaría en el BOE el decreto de convocatoria para el 10 de diciembre. Pero esto tiene un problema para Sánchez. Y es que la oposición podría someter a control al Gobierno hasta prácticamente días antes del arranque de campaña.

Lo más probable, según fuentes monclovitas consultadas por este periódico, es que Pedro Sánchez opte por firmar el decreto de disolución el 16 de octubre de 2023 para que las elecciones se celebren igualmente el 10 de diciembre de ese mismo año. Pero sin que él y sus ministros sean sometidos al control de los grupos parlamentarios hasta el último minuto. Ese escenario, pues, es el que obligaría a la princesa Leonor -como heredera de la jefatura del Estado- a posponer su jura de la Constitución ante los diputados y Senadores.