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Begoña Gómez

Begoña Gómez recupera su pasaporte: la Audiencia de Madrid descarta el riesgo de fuga que alegó la instrucción

Esa orden llega de la Audiencia Provincial de Madrid tras resolver que el instructor debía retirar todas las medidas cautelares

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ya tiene en su poder el pasaporte que el juez Juan Carlos Peinado le había retirado como parte de las medidas cautelares impuestas en la causa que se instruye contra ella. La documentación fue recuperada después de que el magistrado autorizase a la procuradora de Gómez a personarse en el juzgado para retirarla en su nombre, evitando así que tuviera que acudir ella misma en persona.

La devolución llega tras una polémica añadida que había estallado en los últimos días. La defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa y también investigada en la causa, había denunciado que Peinado estaba reteniendo el pasaporte de su clienta al exigir que ambas mujeres compareciesen físicamente ante el juzgado para poder recuperar la documentación, un trámite que los letrados consideraban un obstáculo innecesario tras la orden judicial que obligaba a levantar las restricciones.

Esa orden llegó de la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado 16 de julio resolvió que el instructor debía retirar de forma inmediata todas las medidas cautelares que pesaban sobre Gómez y Álvarez. El tribunal avaló que la causa contra la esposa del presidente continúe su curso ante un jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, pero fue tajante al negar que existiera el riesgo de fuga que Peinado había esgrimido para justificar la retirada de los pasaportes, la prohibición de salida del país y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado. Los magistrados de la Sección correspondiente alcanzaron esa conclusión por unanimidad.

El juez Peinado planteó que los propios agentes de policía encargados de la escolta de Gómez podrían facilitarle la huida, una hipótesis que desató una oleada de reacciones desde el PSOE y el Ejecutivo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, resumió el malestar socialista calificando la decisión como «la ignominia». En términos similares se pronunció la presidenta del partido, Cristina Narbona, quien tachó la resolución de «demasiado odio» y la definió como «completamente injustificable».

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