La Audiencia Nacional reabrirá la causa a la cúpula de ETA por el atentado en 2003 en Sangüesa

• Gonzaga Durán @Gonzagads92
• Periodista. Redactor de política nacional en OKDIARIO.
• • 10/05/2024 14:09
  • Actualizado: 10/05/2024 14:27

La Audiencia Nacional ha revocado la decisión del juez Francisco de Jorge de concluir sin procesamiento la causa abierta a la cúpula de la banda terrorista ETA por el atentado perpetrado el 30 de mayo de 2003 contra dos policías en Sangüesa (Navarra). El pasado mes de enero el magistrado ordenó cerrar el caso por la «ausencia de pruebas suficientes» para acusar a los que fueran los cabecillas de ETA y no hallar pruebas de que diesen la orden para cometer el atentado. Los policías Julián Embid y Bonifacio Martín Hernández perdieron la vida en aquel ataque.

Las sección primera de la Sala de lo Penal ordena al juez reabrir la causa tras aceptar un recurso presentado por Dignidad y Justicia, al que se opuso la Fiscalía, y en el que alertaba de que De Jorge había dejado pendientes de practicar diligencias de investigación ya acordadas.

Se trata de la toma de declaración a los etarras Jon Lizarribar, Gurutz Aguirresarobe y Miren Itxaso Zaldua, alias Sahatsa, a los que hacía alusión un informe de la Guardia Civil como posibles partícipes en el atentado contra estos dos agentes, que fallecieron al explotar una bomba lapa adosada a su coche oficial.

La Sala acepta, como pedía Dignidad y Justicia, tomarles declaración e insta al juez a pronunciarse también sobre la pertinencia y utilidad del testimonio solicitado por esta acusación de la declaración de testigos protegidos en otras diligencias, «valorándose seguidamente su resultado junto con la que ya hay practicada en nueva resolución».

El auto defiende que la Ley de Enjuiciamiento Criminal le faculta para «revocar el auto de conclusión del sumario, acordando la práctica de nuevas diligencias por parte del Instructor, cuando así lo hubiere solicitado el Fiscal o alguna de las partes personadas, y el Tribunal lo considere procedente».

«Como se comprueba en las actuaciones, únicamente se ha recibido declaración a Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe (Ata), pero no a los otros tres investigados a pesar de haber sido acordado por el Magistrado instructor y citados a tal fin mediante providencia de 25 de julio de 2023», recalca el dictamen.

La Sala ha dado la razón a las acusaciones populares ejercidas por Dignidad y justicia y también por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que solicitaron la revocación de esa decisión. La Sala de lo Penal indica, en concreto, que el juez cerró el caso sin practicar una serie de diligencias: el interrogatorio de los tres integrantes de ETA.

«Víctima habitual de ETA»

El auto alude también a un informe de inteligencia policial del 13 de septiembre de 2023 en el que se estable en sus conclusiones que habría indicios que relacionarían con el atentado de Sangüesa al que fuera dirigente de ETA Mikel Carrera Sarobe, alias Ata (que ya declaró por estos hechos) y a Miren Itxaso Zaldua, alias Sahatsa.

«Informe del que se da traslado al Ministerio Fiscal que en fecha 7 de noviembre de 2023 se pronuncia sobre la no práctica de prueba personal, dado el escaso valor que tendría, dictándose con posterioridad el Auto de conclusión de sumario sin procesamiento de 3 de enero de 2024», esgrime el auto.

La resolución recurrida se basaba en dicho informe para indicar que no podía «atribuirse participación material de Arruarte Santa Cruz y Lorán Lafourcade», así como en el argumento del Ministerio Fiscal, que apoyó el cierre de la causa, de que los miembros de la Policía «eran una víctima habitual de ETA sin que fuera necesario que la dirección ordenara los asesinatos».

Sin embargo, el dictamen recalca que otros posibles autores materiales, según los informes, «y por eso se acordó su declaración, la que no se ha practicado, salvo de una, y sin que posteriormente haya sido dejado sin efecto o al menos se explique por qué ya es no es útil dicha diligencia de prueba».

Los etarras investigados

El sumario del caso fue reabierto en 2022 tras una querella presentada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia contra ocho miembros de la antigua cúpula de ETA y otros dos integrantes de la banda terrorista a quienes atribuía el atentado.

La querella iba dirigida a los siguientes dirigentes de ETA: Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki; Mikel Albisu Iriarte, alias Antza; y Soledad Iparraguirre, alias Anboto, si bien el juez amplió el año pasado la imputación a Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, alias Ata, y Miren Itxaso Zaldua, alias Sahatsa, tras recibir un informe de la Guardia Civil.