La Audiencia Nacional investiga de oficio si el apagón fue un ataque ciberterrorista

La Audiencia Nacional ha iniciado este martes una investigación judicial para determinar si el apagón eléctrico masivo que afectó este lunes a toda la península ibérica podría ser consecuencia de un acto de ciberterrorismo. El Juzgado Central de Instrucción número 4, bajo la dirección del magistrado José Luis Calama, ha ordenado diligencias urgentes para esclarecer las causas de lo que el Gobierno ha calificado como un evento «sin precedentes» en la historia energética española.

Según consta en el auto judicial emitido consultado por OKDIARIO, sobre las 12:30 horas del día 28 de abril, todo el territorio peninsular sufrió un corte eléctrico tras perderse de forma súbita, durante cinco segundos, 15 gigavatios de energía, lo que equivale al 60% de la electricidad que se estaba consumiendo en ese momento. El suministro comenzó a recuperarse parcialmente a partir de las 16:30 horas.

«Es algo que no había ocurrido jamás», señalan las autoridades citadas en el documento judicial, destacando que la caída afectó a sistemas informáticos que soportan infraestructuras críticas que proporcionan servicios esenciales como salud, energía, industria y transporte, generando una situación crítica para el bienestar y seguridad de los ciudadanos.

El magistrado ha ordenado tres diligencias principales con carácter urgente: requerir al Centro Criptológico Nacional un informe técnico sobre las causas del apagón, solicitar a Red Eléctrica Corporación SA un análisis detallado del incidente, y encomendar a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional la investigación de los hechos. Todos los informes deberán presentarse en un plazo improrrogable de diez días.

El auto recuerda que estos hechos podrían constituir un delito de terrorismo conforme al artículo 573 del Código Penal, que tipifica como tales los delitos informáticos cuando se cometen con finalidades como subvertir el orden constitucional, desestabilizar las estructuras económicas o sociales del Estado, alterar gravemente la paz pública o provocar un estado de terror en la población.

El documento judicial hace un exhaustivo repaso del marco normativo nacional e internacional sobre la protección de infraestructuras críticas, recordando que España cuenta desde 2011 con la Ley de protección de infraestructuras críticas, que identifica dieciocho áreas estratégicas entre las que se encuentra específicamente el sector eléctrico.

El juez Calama menciona en su auto precedentes similares, como los ciberataques a compañías eléctricas de Ucrania en 2016 que provocaron que millones de personas se quedaran sin energía eléctrica, y que fueron atribuidos a actores estatales extranjeros.

Este tipo de investigación es prioritaria para la seguridad nacional, ya que las infraestructuras críticas son consideradas objetivos de alto valor para grupos terroristas por su capacidad para generar graves daños a la población y desestabilizar el país.

Mientras continúan las investigaciones, el suministro eléctrico se ha normalizado en la mayor parte del territorio, aunque algunos sistemas informáticos siguen presentando problemas derivados del apagón masivo.

Red Eléctrica lo descarta

Por su parte, Red Eléctrica acaba de descartar la posibilidad de que el apagón, al que denominan «incidente», fuera causado por un ciberataque. El director de Operaciones de Red Eléctrica de España, Eduardo Prieto, ha explicado que ocurrieron varios «eventos de pérdida de generación energética muy significativos».

Según ha señalado, el sistema logró resolver el primero, pero «aproximadamente 1,5 segundos después se produjo otro evento». Estos dos fallos consecutivos, «en un intervalo de 5 segundos», fueron los que «el sistema eléctrico español no pudo superar». No obstante, la compañía no aclara realmente el origen del apagón, ya que no especifica las causas de estos dos eventos de pérdida de generación, ni por qué no pudieron gestionarlos.

Respecto al proceso de recuperación, Red Eléctrica ha informado que se consiguió restablecer el suministro desde «las fronteras con Marruecos y Francia», con «el propósito de proporcionar energía nuevamente a las centrales de generación», para expandirse progresivamente desde esos puntos y garantizar que «la restauración del sistema se realizara con total seguridad».