La Audiencia Nacional imputará a Iglesias por un delito de daños informáticos penado con hasta 3 años de cárcel

La Audiencia Nacional imputará a Pablo Iglesias tras perder su condición de aforado en el caso Dina, en el que investiga la responsabilidad del fundador de Podemos en la destrucción de la tarjeta del teléfono de su ex asesora Dina Bousselham. Fuentes de la Fiscalía consultadas por OKDIARIO aseguran que el líder de Podemos será llamado a declarar en calidad de investigado por un delito de daños informáticos dentro de tres semanas aproximadamente.

El juez Manuel García-Castellón solicitó el mes pasado a la Fiscalía Anticorrupción un informe para que se pronunciase sobre la petición de Prolege, que ejerce la acusación popular en la causa. Esta asociación de juristas había pedido la imputación de Iglesias en la pieza separada número 10 de la operación Tándem o caso Villarejo, conocida como caso Dina.

Hay que recordar que hasta el momento el ex vicepresidente del Gobierno no había sido imputado en esta causa porque gozaba de aforamiento ante el Tribunal Supremo. Un privilegio que ha perdido tras abandonar su escaño en el Congreso de los Diputados y tras anunciar que no recogerá tampoco su acta como miembro de la Asamblea autonómica de Madrid.

Daños informáticos

El juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Dina, elevó en octubre del pasado año una exposición razonada ante el Alto Tribunal con los indicios delictivos cometidos presuntamente por Iglesias. En el escrito el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 relató, entre otros, indicios sólidos de un delito de daños informáticos cometidos por el líder podemita.

El magistrado manifestó que Pablo Iglesias recibió del dueño de la extinta Interviú, Antonio Asensio, la tarjeta de memoria original mini SD procedente del teléfono de Dina Bousselham el 20 de enero de 2016. El ex vicepresidente comprobó en la redacción de la revista de investigación que la tarjeta almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de su ex asesora en el Parlamento Europeo.

«Pese a ello se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas (ella había sido su asesora) y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de Dina desde noviembre de 2015», subrayaba el escrito.

El magistrado señaló como otro punto significativo el hecho de que Pablo Iglesias devolviera a Dina la tarjeta inoperativa que guardaba en su poder y advirtió que a lo largo de la investigación no se pudo determinar la fecha de la devolución, en todo caso, indicó que debió de ser antes del 23 de agosto de 2017. Lo que sí se ha podido confirmar es que «cuando se devuelve la tarjeta está inservible para su funcionamiento», señaló el juez.

Tres años de cárcel

Por estos hechos se le atribuyen dos delitos: daños informáticos, recogido en el art. 264 del Código Penal, y descubrimiento y revelación de secretos, del art. 197.1 y 2 del mismo texto legal. Sin embargo, este último hecho delictivo depende del perdón de la afectada, que ya se ha pronunciado al respecto en varios escritos remitidos al juez.

Dina Bousselham, a la que Iglesias puso al frente del panfleto La Última Hora, salió en defensa de su jefe y solicitó al instructor que anulase la causa. Hay que destacar que la defensa de la ex asesora es la abogada Marta Flor Núñez, trabajadora de Podemos que antes ejercía la representación legal del líder de los morados. Por lo que, tal y como señaló la Audiencia Nacional, existía un conflicto de intereses que terminó resuelto con un cambio de abogado por parte de Iglesias, pero no de Dina.

El delito de daños informáticos está castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años y dice así: «El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos».

El juez García-Castellón elevó esta exposición razonada ante el Alto Tribunal en octubre del pasado año. El magistrado solicitaba que se investigase a Iglesias por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa o simulación de delito. Pero la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo, en línea con el Ministerio Fiscal, decidió devolver la investigación contra Pablo Iglesias a la Audiencia Nacional para que el instructor del caso Villarejo continuara investigando.

El juez continúa su investigación y ahora que Iglesias ha perdido el aforamiento no tendrá que elevar dicha exposición a ningún órgano superior dado que tiene competencia para imputarle.

La casta de Podemos

Iglesias se ha aferrado durante ocho meses a su condición de aforado, ese privilegio que él decía que era «de la casta», para librarse de una imputación. El privilegio que Podemos prometió suprimir en su programa electoral, en los comicios de 2019, es el que le ha librado durante todo este tiempo de sentarse en el banquillo de los acusados.

Como hizo desde el primer día tras convertirse en partido político, Podemos incluyó dentro de su programa para las elecciones generales del 10N, la promesa de suprimir los aforamientos. «La proliferación de la figura de los aforamientos no ha tenido nada que ver con la protección de los representantes públicos frente a represalias y amenazas de los más poderosos, sino con un sistema de protecciones y favores que permite a los partidos ofrecer cierto privilegio judicial a algunos de sus miembros», incluyó en el punto 124. «Por eso, iniciaremos una acción articulada para la supresión de aforamientos desde las comunidades autónomas y el Estado», aseguraron.