Una asociación independentista alienta a una protesta de todos los alcaldes catalanes por las detenciones
La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) ha convocado a todos los alcaldes y concejales catalanes a las 19.30 horas de este miércoles en la plaza 1 d'Octubre de Gerona para protestar contra las detenciones de dos alcaldes de la CUP por parte de la Policía Nacional.
La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) ha convocado a todos los alcaldes y concejales catalanes a las 19.30 horas de este miércoles en la plaza 1 d’Octubre de Gerona.
En un comunicado, la entidad ha expresado su solidaridad con los alcaldes de Verges, Ignasi Sabater, y de Celrà, Dani Cornellà, por su detención y ha criticado «la gran represión del Estado español contra los electos locales que frecuentemente están en el punto de mira».
Ha defendido que en un Estado democrático se tienen que respetar los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y de manifestación, y que «los electos tienen la representatividad de sus vecinos y la legitimidad de estar en un cargo público por el valor de las urnas».
La independentista AMI ha alertado de que en los últimos años se han abierto un total de 537 contenciosos contra ayuntamientos catalanes «por temas relacionados con la soberanía, una cifra que evidencia la persecución frenética y desbocada que está sufriendo el mundo local catalán».
También ha recordado que aún se está investigando a unos 50 alcaldes por el 1-O y ha reivindicado que la mayoría de las causas se están archivando «porque no hay ningún indicio de delito».
«Expresión represiva»
La Asociación Catalana de Municipios (ACM) ha considerado una «expresión represiva» del Estado las 11 detenciones –incluidos dos alcaldes– por presuntos desórdenes en la ocupación de las vías del AVE en Girona el 1 de octubre de 2018.
En un comunicado, la entidad que preside David Saldoni las ha atribuido a «una expresión represiva del Estado español contra derechos fundamentales como el de manifestación y libertad de expresión».
Además, ha sostenido que la detención de alcaldes «no responde a una lógica legal o judicial independiente y objetiva, sino a la voluntad de criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión y el cumplimiento del mandato democrático».
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