La ANC presiona ya a los funcionarios para que colaboren con el referéndum ilegal

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) empieza a poner negro sobre blanco su intención de instar a los funcionarios a que colaboren con el referéndum ilegal.

Pese a que el propio presidente catalán, Carles Puigdemont, anunció que el Govern mantendría al margen a los empleados públicos, creando un registro de voluntarios-aún inexistente-la organización separatista ha empezado a movilizar a los trabajadores para convencerles de su apoyo al 1 de octubre.

En ese propósito, y en su campaña de adhesiones para el referéndum, la asociación ha programado varias charlas que girarán sobre la «responsabilidad de los empleados públicos ante el referéndum de independencia de Cataluña». La primera se celebrará este mismo lunes, en Lérida, con la participación de Pere Grau, miembro del Secretariado Nacional de la ANC y Joan Anton Font, secretario municipal del Ayuntamiento de Tarragona.

Font se ha revelado como uno de los funcionarios municipales más críticos contra el Estado y, mediante argumentos tergiversados, ha defendido la inmunidad de los empleados que participen en el referéndum. Así, en una entrevista concedida el pasado julio al Diari de Tarragona, aseguraba tajante que no será delito que los funcionarios colaboren con el 1-O porque «el Código Penal no prevé que la independencia sea delito, por lo que el camino para llegar hasta ella tampoco lo es». Y añadía: «No deben tener ningún miedo ni cometen ninguna infracción».

En diversas ocasiones, Font-que además es coordinador de la sectorial de secretarios, interventores y tesoreros de la ANC- ha ignorado las advertencias de la Justicia sobre la responsabilidad, incluso penal, de los empleados públicos que colaboren en un hecho delictivo como el referéndum. Así, en una charla celebrada el año pasado en Cambrils (Tarragona) consideró, por ejemplo, que los Mossos y la Policía Local sólo incurrirían en un delito de desobediencia en el caso de recibir una notificación directa de un juez.

Un informe de la ANC-del que precisamente son co-autores los ponentes de esta charla-concluía que los trabajadores públicos no cometerán ningún delito al ejercer órdenes del Govern y del Parlament. La organización entiende que, si las instrucciones del Parlament y del Govern son «precisas y concretas de la norma a aplicar», no puede incurrirse en un acto de prevaricación, argumento similar por el que se evitaría, dicen, la desobediencia y la denegación de auxilio. «Que la orden sea claramente notificada al obligado a cumplirla -es decir, que no se tratara de una posible orden genérica- son algunos de los elementos que no hacen prever que los trabajadores públicos se puedan encontrar con órdenes contradictorias», se puede leer en el texto, en el que se considera que para incumplir ejecuciones del TC deberían hacerse notificaciones individualizadas «a la persona en concreto y no por una notificación genérica».

El Gobierno avisa de sanciones

El Gobierno ha avisado de que cualquier trabajador público que colabore con el referéndum se expone a responsabilidades disciplinarias e incluso penales, en tanto su primera obligación es «la lealtad a la Constitución».

En julio, el Ejecutivo recordó este deber a los secretarios e interventores de los ayuntamientos catalanes por medio de cartas postales en las que se les advertía de que, en la medida en que «la Generalitat quiere descargar en los ayuntamientos gran parte de su responsabilidad en la organización de dicho referéndum», tienen la obligación del respeto a la legalidad constitucional y estatutaria y a los pronunciamientos del Constitucional. Además, se les aseguraba «toda la colaboración y apoyo» ante las incertidumbres por la hoja de ruta separatista.

Precisamente, Font respondió a esa carta acusando al Gobierno de «amenazas» y de presionar el trabajo de los secretarios e interventores. Su Ayuntamiento, sin embargo, aprobó en junio una moción del PSC-que gobierna-en la que se rechazaba colaborar con cualquier referéndum unilateral y se advertía de que «no hay democracia, ni Estado de Derecho sin respetar la legalidad». La moción socialista generó fuertes discrepancias entre los trabajadores públicos del Consistorio, visible en el comunicado firmado por más de un centenar con el lema «No en nuestro nombre».

Sentencias del 9-N

Pero el Gobierno es claro en las responsabilidades de los funcionarios y se remite a las sentencias del Tribunal Constitucional para advertir de que cualquier trabajador público puede ser sancionado.

Así, en Moncloa se toman de base las sentencias que, en las sucesivas condenas a la cúpula del Gobierno catalán de Artur Mas, ya destacan que el «delito de desobediencia» implicaba a «autoridad o funcionario público, precedentemente definido».

El artículo 410 del Código Penal establece que «las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años».

Ahora, avisan además fuentes gubernamentales, existe un precedente, con lo que las sanciones no se reducirán a altos cargos implicados, sino que pueden ampliarse a todos aquellos que colaboren con la organización.