Alemania, Holanda y Austria no se fían de Sánchez y exigen más controles al uso que haga del rescate

Fondos rescate UE
Pedro Sánchez y el primer ministro interino holandés, Mark Rutte
Carlos Cuesta

El encargado de dar la luz de alarma fue el primer ministro holandés, Mark Rütte. Defendió un mecanismo de control de la utilización del fondo de rescate de la UE por parte de los países receptores y, en especial, de España. Pero ahora se le unen otros países. Naciones con un peso decisivo en las posiciones europeas. Países como Alemania, Holanda, Austria, Suecia y Eslovenia. Y todos ellos han debatido ya la conveniencia de aplicar un precepto del Reglamento de la UE 2021/241 del 12 de febrero de 2021, en el que se deja claro que la “liberación” de los fondos del rescate “depende del cumplimiento satisfactorio por parte de los Estados miembros de los hitos y objetivos pertinentes que figuren en los planes de recuperación y resiliencia”.

Esta exigencia no depende del mero hecho de que los programas sean aprobados inicialmente, sino de que también lo sean en un examen final de cumplimiento de los objetivos prometidos. Y eso significa, por ejemplo, que si la reforma de pensiones no rebaja el gasto y no hace posible el control de la deuda y el déficit anuales, las ayudas comunitarias pueden ser paralizadas. El propio Rütte ha amenazado a España con no autorizar el pago de más fondos de la UE ligados al rescate por el Covid si la reforma de las pensiones no va por el camino y con el resultado esperado. Pero no se trata de un planteamiento aislado.

Pedro Sánchez ha prometido la llegada de un rescate europeo -lo ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado- que aún no ha cobrado. Se trata de los 140.000 millones de euros teóricamente asignados a España como fondos de rescate frente al Covid y que deben abonar los Estados miembros, si se cumplen determinadas condiciones. Sánchez negó la condicionalidad del fondo, que ya está totalmente confirmada. Pero es que ahora, además, Alemania, Holanda, Austria, Suecia y Eslovenia, no se conforman con la aprobación de los planes y presupuestos reclamados a España. Y por ello, acaban de instar un artículo del Reglamento Europeo de febrero de 2021 para exigir un seguimiento detallado del uso y de la eficacia de las medidas puestas en marcha por cada país receptor de ayudas.

España se encuentra en el medio de esa diana. Uno, porque dos son los grandes países ayudados -España e Italia-; y dos, porque las reformas exigidas por la UE no parecen calar en el Gobierno socialcomunista.

«Aprobación del Consejo»

Los países críticos con el comportamiento de Pedro Sánchez han recordado un Reglamento Europeo. El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 12 de febrero de 2021, fijado precisamente para establecer el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y sus respectivos controles.

Allí, uno de sus artículos recoge el siguiente texto: “La liberación de los fondos en el marco del Mecanismo depende del cumplimiento satisfactorio por parte de los Estados miembros de los hitos y objetivos pertinentes que figuren en los planes de recuperación y resiliencia cuya evaluación debe haber recibido la aprobación del Consejo».

El redactado de ese artículo añade que “antes de que la Comisión adopte la decisión de autorizar el desembolso de la contribución financiera y, cuando corresponda, del préstamo, debe pedir el dictamen del Comité Económico y Financiero sobre el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos pertinentes por parte de los Estados miembros conforme a la evaluación preliminar de la Comisión”. Es decir, no se centra sólo en que los objetivos comprometidos sean los reclamados por la UE, sino que, además, exige un control específico del “cumplimiento satisfactorio por parte de los Estados miembros de los hitos y objetivos pertinentes que figuren en los planes de recuperación y resiliencia”.

El Reglamento de la UE añade lo siguiente: “Con objeto de que la Comisión tenga en cuenta el dictamen del Comité Económico y Financiero para su evaluación, éste debe emitirse en un plazo de cuatro semanas a partir de la recepción de la evaluación preliminar de la Comisión. En sus deliberaciones, el Comité Económico y Financiero se esforzará por alcanzar un consenso”.

“Pero, en el caso excepcional de que uno o más Estados miembros consideren que existen desviaciones graves del cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos pertinentes, pueden solicitar al presidente del Consejo Europeo que remita la cuestión al próximo Consejo Europeo. Los Estados miembros respectivos también deben informar sin demora indebida al Consejo, que debe, a su vez, informar sin demora al Parlamento Europeo”.

Y la conclusión en caso de falta de consenso o de observancia de un incumplimiento de los objetivos prometidos por el país receptor es severa: «En dichas circunstancias excepcionales, no se debe tomar ninguna decisión que autorice el desembolso de la contribución financiera y, cuando corresponda, al préstamo hasta que el próximo Consejo Europeo haya debatido exhaustivamente el asunto. Tal proceso no debe demorarse, por regla general, más de tres meses a partir del momento en que la Comisión haya solicitado su dictamen al Comité Económico y Financiero”.
Traducido: que Pedro Sánchez puede haber vendido -y gastado- la piel del oso antes de cazarlo.

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