La Agencia censora que multa por rotular en español apoya a los golpistas con lazos amarillos en su sede

El golpismo continúa sumando apoyos en los edificios públicos dependientes de la Generalitat de Cataluña tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. OKDIARIO publica en exclusiva un vídeo de la sede de la Agencia Catalana de Consumo, ACC, ubicada en la calle Pamplona de Barcelona, que ha amanecido este lunes repleta de lazos amarillos y carteles en apoyo de los políticos golpistas encarcelados.

La Agencia Catalana de Consumo depende del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat. Actualmente, la directora es Montserrat Ribera y Puig, que anteriormente ejerció como gerente de Coordinación Industrial en la Agencia para la Competitividad de la Empresa. Ribera también ha sido diputada en el Parlamento de Cataluña y alcaldesa de Guardiola de Berguedà (Barcelona) por Convergencia Democrática de Cataluña, CDC.

El antecesor en el cargo de Montserral Ribera, Alfons Conesa, fue imputado por presuntos delitos de prevaricación, falsficación documental y revelación de información privilegiada en un concurso público, al intervenir supuestamente en la adjudicación de un servicio de asesoramiento a un despacho de abogados vinculado a su hijo.

En los últimos días, la sede de la Agencia Catalana de Consumo ha sido adornada con lazos amarillos con el lema «Llibertad presos politics» (Libertad presos políticos)en apoyo del exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras; el exconseller de Interior, Joaquim Forn; el expresidente de ANC, Jordi Sànchez o el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Los cuatro permanecen encarcelados en las prisiones madrileñas de Estremera o de Soto del Real.

Los lazos amarillos en apoyo de los golpistas están colgados tanto en el interior como en el exterior de la sede, acompañados de carteles del número 155 tachado, en referencia al artículo de la Constitución aplicado por el Gobierno de Mariano Rajoy tras la Declaración Unilateral de Independencia, DUI, proclamada en el Parlamento catalán por el expresident, Carles Puigdemont.

En este edificio de la ciudad condal, conviven 3 departamentos de la Generalitat: el Instituto Catalán de la Energía, la Agencia Catalana de Consumo y la dirección general de Energía y Minas. En esta sede, trabajan  funcionarios de los 3 departamentos que participan en ADIC_EIC, «Asamblea de trabajadores y trabajadoras por la defensa de las instituciones catalanas», de la Consejería de Empresa y Conocimiento.

Según las fuentes consultadas, un grupo de ADIC_EIC , que se reúne para coordinar acciones en el edificio, «estaría detrás de los carteles y los lazos amarillos en la sede de la Agencia Catalana de Consumo». Estos organizan además concentraciones de 10 minutos un día a la semana para mostrar su respaldo a los golpistas presos.

Ninguno de los máximos responsables de las tres instituciones públicas de la Generalitat mencionadas ha tomado medidas para evitar los hechos descritos. Sin embargo, algunos trabajadores, incluso independentistas, han mostrado su desacuerdo con la ideologización de las instituciones, arrancando alguno de los lazos.

Precisamente, los defensores de los golpistas dedicaban a estos empleados indignados un cartel con ironía: «Si los piensas arrancar (lazos) cuando termines tíralos a la papelera, la República que estamos construyendo también queremos que sea cívica!»

La Agencia multa por rotular en español

Desde 2010, la Generalitat de Cataluña impone sanciones a los comercios que no utilizan el catalán en letreros, menús u ofertas de negocios, a través de la citada Agencia Catalana de Consumo, ACC, por «incumplir el código de consumo» de esta Comunidad Autónoma.

Sólo en 2016, la Agencia sancionó al menos a 24 compañías de Barcelona por “vulneración de los derechos lingüísticos de las empresas con actividades en Cataluña”. Por sectores, el Gobierno catalán interpuso 7 multas a comercios minoristas en general (5.700 euros en total); 5 de hostelería (2.100 euros); 2 de electrodomésticos, metal y cubertería (2.300 euros); 2 de la industria del material eléctrico, electrónico y óptico (1.800 euros), y otros 2 de telecomunicaciones (1.900 euros).

Además, multó a comercios de otros sectores como el de la industria química (400 euros); la alimentación, bebida y tabaco (600 euros); los servicios personales, culturales, deportivos y asociativos (200 euros); las actividades financieras y seguros (500 euros); actividades inmobiliarias, servicios empresariales (600 euros) y automoción, talleres y estaciones de servicio (300 euros).