El acto independentista de Madrid se celebrará finalmente en el teatro del podemita Alberto San Juan

El acto independentista para el que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena había cedido un local municipal, se celebrará finalmente en el Teatro del Barrio. Alberto San Juan, miembro de la corriente anticapitalista de Podemos, dirige el lugar en el que se desarrollará el encuentro.

San Juan ha mostrado en reiteradas ocasiones su apoyo a Alfon, condenado por llevar explosivos en una manifestación, o Andrés Bódalo, concejal condenado, entre otras cosas, por una agresión machista a una embarazada en Jaén y a un concejal del PSOE.

Además, no es la primera vez que el local alberga actos de gran polémica. El recinto fue testigo también de la actuación de los titiriteros que fueron arrestados por enaltecer a ETA en las fiesta de un barrio de Madrid.

El juez ha ratificado este viernes la suspensión y ha recordado que es «público y notorio» que desde hace años ‘El Derecho a decidir’ es un «lema o expresión» que se ha repetido innumerables veces por los movimientos y grupos secesionistas que propugnan un referéndum no autorizado para el 1 de octubre en Cataluña, con la finalidad reiteradamente proclamada de lograr la separación de dicha región del resto de España».

A su juicio, «no se trata por tanto de una cuestión política, aunque tenga efectos indudables en tal ámbito, sino de utilización de bienes municipales, que deben servir a los intereses generales». Además, añade que la libertad de expresión se puede ejercer en «multitud de lugares, como cines, teatros o incluso en las calles y plazas públicas».

Carmena reclama ante el TSJM

Según expresó en rueda de prensa uno de los responsables que registró la petición en el Ayuntamiento, Pedro Casas, el recurso de los populares quería prohibir la cesión del espacio municipal, mientras que el auto de Yusty prohíbe el acto. «El recurso del PP se ciñe a que se suspenda un acto administrativo; se pide que se paralice la cesión del local, pero el juez va mucho más allá de lo que los propios demandantes le pedían», ha recriminado.

Para Casas resulta «curiosísimo» que se resuelva un recurso contencioso-administrativo con «esa rapidez». «En un caso concreto de libertad de expresión un juez se toma libertad de en menos de 24 horas hacer un auto», indicó, para añadir a continuación que se trata de algo «aberrante».

«Dice debo suspender el acto, no la cesión… eso es pasar límites, cuando el juez se pronuncia sobre algo que no le han pedido; es pasarse siete pueblos», reprochó.