Vox se querella contra el director de Carreteras por la adjudicación irregular desvelada por la grabación de OKDIARIO
El nº 2 de Carreteras del Ministerio grabado ordenando «apañar» un contrato de 25,6 millones
El subdirector de Carreteras al técnico: “Si no lo firmas tú lo firmo yo, es la indicación del director general”
Vox ha interpuesto una querella criminal contra el director general de Carreteras, Francisco Javier Herrero, por la adjudicación supuestamente irregular de un contrato para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación de carreteras de Ávila por un importe de más de 25 millones de euros.
El escándalo ha sido destapado hoy mediante una grabación en OKDIARIO y tanto Vox como el Partido Popular ya han pedido explicaciones al Gobierno para que aclare lo sucedido.
La querella se ha presentado también contra el jefe de la Demarcación de Carreteras de Castilla y León Oriental y subdirector general de Conservación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, Alfredo González.
La formación de Santiago Abascal ha asegurado en un comunicado que el contrato de conservación y explotación de las carreteras del sector AV-02, en la provincia de Ávila, ha sido adjudicado a una empresa sin la capacidad técnica necesaria para su ejecución.
Esta decisión constituye un «caso de corrupción», según Vox, que ha interpuesto la querella por supuestos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales en su vertiente de intervención fraudulenta en contrataciones públicas o en liquidación, pudiendo incluso revelarse la existencia de posible malversación de caudales públicos.
Vox ha explicado que el director de Contrato del Sector AV-2 y jefe de la Unidad de Carreteras de Ávila, Manuel María Llanes, remitió las puntuaciones de las empresas licitadoras al subdirector general de Conservación de Carreteras.
Unos días después, Alfredo González le pidió que igualara las puntuaciones entre la primera empresa licitadora, Matinsa, que había obtenido 88 puntos, y la compañía Cyopsia-Sisocia, que sólo había logrado 72 puntos.
Esta última empresa fue la que finalmente logró el contrato y Llanes, quien debía ser el técnico que controlara el desarrollo del contrato, fue relegado de esta labor.
Para la vicesecretaria Jurídica de Vox, Marta Castro, esta degradación, «sin duda alguna, fue motivada por la negativa de Llanos a amañar el concurso».
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