El 40% de los 196 yihadistas extranjeros detenidos los últimos 5 años en España no han sido expulsados

El Gobierno de Pedro Sánchez ha comunicado que más del 40% de los 196 terroristas yihadistas de nacionalidad extranjera detenidos en España en los últimos 5 años no han sido expulsados del país. Todo ello a pesar de que la ley permite la «expulsión del territorio español» de los foráneos que «realicen conductas de las tipificadas como muy graves». Estos son los delitos que atentan contra la seguridad nacional o «contrarios al orden público», entre los que está el terrorismo.

El Ejecutivo ha dado a conocer estos datos a través de una respuesta parlamentaria por escrito tras una pregunta del diputado de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán, sobre el «número de personas que iban a realizar actos terroristas de manera inminente de los detenidos por delitos de yihadismo durante los últimos cinco años». También se interesa por la valoración que hace el Ejecutivo de su lucha contra el terrorismo yihadista.

El representante de la formación conservadora navarra se quejaba de la «falta de respuesta por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad en su comparecencia del 4 de diciembre de 2025 en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados».

La administración socialista ha reconocido que, en los últimos 5 años, se ha detenido a 196 extranjeros vinculados al terrorismo yihadista. Otros 123 son españoles con progenitores extranjeros. El Ejecutivo, sin identificar el número de detenidos ni los motivos, detalla que los países de origen de los reclusos son Albania, Argelia, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Colombia, España, Francia, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, México, Noruega, Pakistán, Palestina, Rusia, Siria, Tayikistán, Túnez, Ucrania y Yemen, además de algunos que constan como «apátridas», es decir, sin nacionalidad reconocida.

De los cerca de 200 detenidos desde 2021 con nacionalidad diferente a la española, sólo 116 han sido expulsados del país. El primer ejercicio, sólo 5 individuos. El año que se produjeron más deportaciones por seguridad nacional fue en 2023, con 47 expulsiones por «infracción muy grave» relacionada con este tipo de delitos. El último año, en 2025, sólo se produjeron 21.

Es decir, que más de un 40% de los extranjeros detenidos por los delitos más graves recogidos en el Código Penal no han sido expulsados. Y esto a pesar de que la normativa sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social habilita su expulsión.

Ley para la expulsión de terroristas

Concretamente, la ley establece que «podrá aplicarse» la expulsión de España «cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves». Se hará, según indica la norma, «en atención al principio de proporcionalidad» y «en lugar de la sanción de multa». Para aplicarla, debe darse la «previa tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante la resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción».

Las infracciones reconocidas en la ley como «muy graves» son las siguientes: «Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves» en la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

El Gobierno explica «el incremento de personas vinculadas a delitos de terrorismo de etiología yihadista en España» con un «mayor impacto de la estrategia propagandística de las principales organizaciones terroristas». Principalmente, señalan que su «difusión principal es online como fuente de adoctrinamiento».

Por todo ello, considera que este tipo de adoctrinamiento afecta «de forma escalada a individuos autoradicalizados». «Son cada vez más jóvenes y menores, tendencia que está siendo igualmente observada en los principales países de nuestro entorno», subrayan desde el Ejecutivo.

A su vez, el Gobierno se vanagloria de estos datos, asegurando que son «resultado del sólido modelo antiterrorista aplicado en nuestro país, basado en la prevención, la detección temprana y la neutralización de la amenaza antes de que alcance fases operativas avanzadas».