Sánchez recurre ahora a la ‘ley mordaza’ que quería derogar para perseguir la exaltación de Franco

Paradójicamente, el Gobierno de Pedro Sánchez ha encontrado sentido a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana del PP, que su partido recurrió ante el Tribunal Constitucional y que en su día él mismo se comprometió a derogar. El Ejecutivo socialista ampara ahora en ella la persecución de la «exaltación de Franco», tal y como revela en la respuesta que ha enviado al diputado de Compromís, Enric Bataller.

En su pregunta escrita, el diputado se interesaba por la persecución de determinadas «acciones vandálicas», en las que encuadraba una pintada aparecida en la rampa de acceso a la Facultad de Psicología de la Facultad de Valencia, el pasado julio. «Sobre el suelo se podía leer el mensaje: ‘España, aguanta, que Franco se levanta’», explicaba el parlamentario.

Añadía, además, que «junto a la frase se ha dibujado una bandera de España». El diputado ponía otro ejemplo: la denuncia de una asociación de estudiantes de la misma Universidad ante otro «ataque fascista» (las pintadas «Arriba España. Stop Inmigración» y «Católico social nacional»).

En su exposición, el diputado lamentaba que «todo este tipo de acciones queda siempre impunes» y se interesaba por si el Gobierno pretendía «instar a la Fiscalía a actuar sobre este tipo de acciones vandálicas, pudiendo ser calificadas de delito de odio».

En la respuesta, con fecha de 26 de octubre, el Ejecutivo asimila el lenguaje del diputado al calificar las pintadas, incluida la de la bandera, de «acto vandálico», y le recuerda que «los comportamientos referidos no son impunes». «La respuesta sancionadora que tales conductas representan desde el punto de vista del acto vandálico -responde el Gobierno- será en su caso penal (en consideración a la cuantificación de los daños) o administrativa (con sanciones de hasta 6.000 euros y en casos muy graves de 30.000 euros, de conformidad con la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana).

En concreto, la citada ley contempla como ‘infracción grave’, con sanción de hasta 30.000 euros, «los daños graves a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos, además de obstaculizar la vía pública con vehículos, contenedores o neumáticos».

Delito de odio

Sobre la respuesta penal, el Ejecutivo socialista recuerda que «entre las funciones del Ministerio de Justicia, siendo la propia la prelegislativa en función de la concreta política criminal a aplicar, no lo es propiamente trasladar al Ministerio Fiscal la eventual existencia de hechos que pudieren revestir carácter delictivo, en consonancia con la autonomía funcional y la integración constitucional del Ministerio Público en el Poder Judicial, en el desempeño de su función».

«En todo caso, la Fiscalía cuenta con una sección especializada en delitos de odio desplegada territorialmente, a los efectos de facilitar la detección y perseguir criminalmente hechos susceptibles de ser calificados como tales, además de los demás cauces ordinarios de judicialización de la “notitia criminis», añade el departamento de Dolores Delgado.

En una segunda pregunta, Bataller preguntaba al Gobierno si «tiene pensado la reforma del Código Penal para que la exaltación y apología del franquismo sean tipificados como delito, con su correspondiente castigo de prisión o multa».

El Gobierno responde que «para el Ministerio de Justicia uno de los ejes fundamentales de su actuación es la recuperación de la memoria histórica y la restitución de todas las víctimas» y recuerda que «ya está siendo objeto de revisión en las Cortes Generales la actual redacción de los delitos de odio, para incluir especificidades de nuestra memoria colectiva durante la dictadura franquista, ponderando en todo caso la salvaguarda de libertades y protegiendo a colectivos contra los que se dirigen mensajes discriminatorios o que inciten a la violencia».

Ilegalizar asociaciones 

En otra respuesta, en este caso al diputado de ‘En Comú’, Josep Vendrell, el Gobierno reafirma su intención de ilegalizar asociaciones y fundaciones que realicen apología del franquismo, como la que lleva el nombre del dictador Francisco Franco, pero lo fía a una reforma «integral» de la Ley de Memoria Histórica donde se incluyan las «modificaciones legales oportunas» para ello.

El Ejecutivo recuerda que la propia ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció en verano su intención de hacer una reforma integral de la Ley de Memoria Histórica de 2007 e incluso anunció un estudio para ver cómo se podía proceder a la ilegalización de la Fundación Franco.

En su respuesta, que tiene fecha de 26 de octubre, el Ejecutivo vincula las medidas contra la Fundación Franco con una futura reforma integral de la ley. «En dicha reforma se estudiará la inclusión de modificaciones legales oportunas para que se declaren ilegales las asociaciones o fundaciones que realicen apología del franquismo», avanza el Ejecutivo.

La Ley de Memoria ya está siendo objeto de revisión en el Congreso, que tramita como proyecto de ley el real decreto ley aprobado en agosto por el Gobierno para poder exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Precisamente, está previsto que el plazo para la presentación de enmiendas a este texto finalice este martes, informa Europa Press.