Una auditoría destruye el ataque de Puig al modelo Alzira: ahorra el 21% a la sanidad valenciana

La primera auditoría oficial realizada por el gobierno de la Comunidad Valenciana al modelo Alzira de gestión privada sanitaria en hospitales públicos destruye la línea argumental del presidente regional, Ximo Puig, y de su consejera de Sanidad, Carmen Montón, que han atacado duramente la participación de las empresas en la atención a los pacientes valencianos. La principal conclusión de un informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas es que este tipo de gestión ahorra un 21% de recursos al sistema sanitario con una mayor eficacia, calidad de los servicios y satisfacción de los pacientes.

El informe, al que ha tenido acceso OKDIARIO, analiza en profundidad a uno de los centros que tienen este modelo de gestión, el Hospital de Manises, en un estudio que investiga la evolución de todas las variables de principios de eficiencia, eficacia y economía de la prestación de los servicios en los últimos seis años. Las conclusiones del informe chocan tan frontalmente con las tesis de la consejera Montón (una de las principales defensoras de Pedro Sánchez en el PSOE) que han sido ocultadas por el gobierno regional de Puig.

Un 21% de ahorro al gasto sanitario público (42 millones de euros que se convertirían en 250 millones si se hiciera extensible a la totalidad de los hospitales valencianos), una satisfacción del 85% de los pacientes (frente a la tasa del 81% del total de los asistidos en la comunidad autónoma), un cumplimiento de las inversiones realizadas del 98,8% y todo ello con prácticamente los mismos facultativos por habitante y un coste de personal un 11,3% inferior al gasto medio por empleado del conjunto de la sanidad regional.

Esas son las cifras que avalan el modelo Alzira contra el criterio del ejecutivo autonómico valenciano y que pone en evidencia la carencia de argumentos de la consejera Carmen Montón, para atacar un modelo de gestión que se estudia en la Universidad de Harvard como un caso de éxito singular en este sector.

La auditoría de la Sindicatura de Cuentas destaca que, con prácticamente los mismos facultativos por habitante, casi una veintena más de especialidades en sus hospitales que la media de los de gestión directa e inversiones fijadas por contrato para cada departamento gestionado, la Generalitat socialista aún no ha dado ningún argumento objetivo para empezar a desmontar el modelo Alzira, como parece que es su intención tras decidir revertir de forma discrecional la concesión otorgada a otro centro gestionado por este sistema público-privada: el Hospital de Alzira.

“Una vez que los números demuestran que la oposición del gobierno valenciano a este sistema de gestión no tiene sentido desde un punto de vista técnico, económico y sanitario, al ejecutivo sólo le queda admitir que se trata de una decisión política, que es lo mismo que decir: las cosas se hacen así porque lo digo yo”, indican a OKDIARIO fuentes del parlamento valenciano.

Sin embargo, esta postura de renuncia a una mayor eficiencia económica resulta, cuanto menos sorprendente, cuando además la semana pasada el presidente valenciano Ximo Puig viajó a Madrid para pedir más financiación para la Comunidad Valenciana en la futura reforma que está diseñando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro junto con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

“Pedir con una mano y derrochar con la otra no parece la mejor forma de convencer a Montoro para conseguir una mejor financiación para la Comunidad ni de transmitir credibilidad y seriedad a una sociedad valenciana, trabajadora y emprendedora, que reclama soluciones cabales y eficientes a problemas reales”, indican las fuentes consultadas.

Y es que la “felicidad social” que propugna la vicepresidenta regional Mónica Oltra como pilar de las decisiones políticas del gobierno valenciano puede costarles a los ciudadanos 250 millones de euros al año, que es la cantidad que el modelo de gestión público-privado en el ámbito sanitario ahorra en términos globales a tenor de los citados datos de la auditoría interna de la Sindicatura de Cuentas.

No acabar con este sistema de gestión permitiría, además, evitar el coste burocrático de las decisiones del gobierno valenciano. Tal como ha desvelado la propia consejera de los “enchufes”, Carmen Montón, a través del subsecretario de Sanidad, Ricardo Campos, y del ahora ya ex comisionado del Hospital de La Ribera, José Sanfeliú, la verdadera intención de acabar con el modelo Alzira es “crear una bolsa de trabajo para meter a 300 familiares y amigos”, tal y como se hizo público tras salir a la luz una conversación grabada a Sanfeliú, en una reunión con socialistas de la comarca de La Ribera.

“La felicidad social parece ser, para los socialistas y comunistas que dirigen el gobierno valenciano, un concepto muy alejado del interés general de los valencianos y muy próximo, sin embargo, a la colocación a dedo de familiares y amigos”, concluyen las fuentes parlamentarias consultadas.