200 etarras quedaron libres con la ley de amnistía que Sánchez quiere burlar para juzgar el franquismo

• Pelayo Barro @pelayobarro
• Periodista de la sección Nacional. Especializado en información de Interior y Defensa.
• • 18/11/2021 06:49
  • Actualizado: 18/11/2021 08:57

El Gobierno busca reabrir su causa general contra el franquismo. La nueva Ley de Memoria Democrática que proyecta el Ejecutivo de Pedro Sánchez, tejida conjuntamente con Podemos, propone en la práctica sortear la Ley de Amnistía de 1977 con la que la entonces incipiente democracia española quería hacer borrón y cuenta nueva. Un perdón que permitió que saliesen de la cárcel dos centenares de terroristas de ETA y la renuncia a perseguir a decenas que vivían en la clandestinidad.

El 20 de noviembre de 1975, el día que falleció Francisco Franco, las cárceles españolas albergaban a dos centenares de miembros de ETA. Entre ellos, por ejemplo, los seis terroristas del Proceso de Burgos a quienes en 1970 el franquismo les conmutó la pena de muerte. Apenas dos años después de la muerte de Franco, el 9 de diciembre de 1977, abandonaba la prisión de Martutene Fran Aldanondo, el último terrorista de ETA que aún quedaba en prisión y que faltaba por beneficiarse de la Ley de Amnistía de 1977 -y de la amnistía parcial de 1976-.

Las cárceles españolas estuvieron apenas meses sin etarras. Al año siguiente, 1978, las cárceles volverían rápidamente a llenarse de terroristas de ETA. La actividad de la banda, lejos de disminuir tras la muerte de Franco, se disparó. Ese año, el de la promulgación de la Constitución, ETA asesinó a 68 personas. El balance sanguinario de los cinco primeros años tras la caída del franquismo fue de 275 asesinatos, mientras que de 1968 -año del primer crimen de la banda- hasta el óbito del dictador fueron 43 las personas asesinadas.

Aquella Ley de Amnistía fue planteada como un borrón y cuenta nueva por parte del Estado hacia quienes cumplían condena, pero también hacia quienes habían cometido crímenes por los que no habían rendido cuentas. Se renunciaba a procesarles en un futuro. Hasta ahora, con la propuesta de enmiendas que plantean PSOE y Podemos a esa ley de Memoria Democrática, los «crímenes del franquismo» vuelven a ponerse sobre la mesa. Sólo los de una parte, eso sí.

«No mirar atrás»

La Ley de Amnistía de 1977, en palabras del portavoz de la UCD Rafael Arias-Salgado que la presentó en el Congreso de los Diputados, nació como una muestra de «la democracia a la que aspiramos, que por ser auténtica no mira hacia atrás, sino que, fervientemente, quiere superar y trascender las divisiones que nos separaron y enfrentaron en el pasado».

Este miércoles, el senador del PP y secretario tercero de la Mesa de la Cámara Alta, Rafael Hernando, ha cuestionado al Gobierno sobre si va a perseguir esos crímenes de ETA, y de otros grupos como el Grapo y los FRAP -en los que militó el padre de Pablo Iglesias-, que fueron amnistiados en 1977.

«Crímenes de la Transición»

Además, PSOE y Podemos han sentado las bases para investigar lo que denominan como «crímenes de la Transición» hasta el primer Gobierno de Felipe González, en concreto, desde 1978 hasta «finales de 1982». Así lo ha anunciado este miércoles Podemos en rueda de prensa en el Congreso tras el acuerdo alcanzado con el PSOE para la presentación de una treintena de enmiendas al proyecto de ley de Memoria Democrática presentado por el propio Ejecutivo.

La diputada y líder de Podemos en Andalucía, Martina Velarde, ha avanzado esta pretensión del Gobierno para que «los crímenes de la Transición, como el asesinato del malagueño Manuel José García Caparrós sean considerados víctimas del franquismo». Hasta el momento, y según consta en el proyecto de ley que pilotó Carmen Calvo y que el Consejo de Ministros aprobó tras su salida del Ejecutivo, el reconocimiento tenía como tope la fecha de 1978. Ahora, la enmienda pactada por PSOE y Podemos supone «ampliar la condición de víctima hasta finales de 1982».

Esta es una de las 30 enmiendas que los dos socios del Gobierno de coalición han cerrado sobre el proyecto de Ley de Memoria Democrática, que entre otras cuestiones también pretende que la nueva regulación sirva para «juzgar los crímenes del franquismo como delitos de lesa humanidad», algo que ya intentó sin éxito el ex juez condenado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.