Los propietarios con okupas piden a Sánchez un fondo que cubra los impagos si no pueden echarlos

• Alba Martín @alba_mrtn
• • 10/02/2026 05:45
  • Actualizado: 10/02/2026 05:45

Los afectados por la okupación piden que el Gobierno cree un fondo público para pagar el alquiler y los gastos de aquellos okupas que la Administración considere «vulnerables» y a los que se les ha prohibido desahuciar mediante Real Decreto.

Concretamente, los propietarios que llevan desde 2020 sin ingresar las rentas de sus inquilinos consideran necesario que los de Sánchez subroguen dichas mensualidades «de oficio» con el visto bueno del casero.

Es decir, que ingresen de manera automática a los perjudicados por los okupas el alquiler correspondiente y los gastos que, hasta el momento, también han estado cubriendo los propietarios.

«Debería ser un mecanismo que evitara a toda costa que los afectados tuviesen que encargarse de hacer o llevar ni un solo papel», explican desde la Plataforma de afectados por la Okupación a este medio.

Una medida temporal

Los alrededor de 80.000 propietarios que llevan más de un lustro lidiando con los okupas de sus viviendas subrayan, en cualquier caso, que este fondo público no debería ser la meta, sino una herramienta temporal para evitar abocar a la vulnerabilidad a todas las familias que no pueden acceder a sus propios hogares.

«El objetivo final no puede ser que el Gobierno pague la utilización obligada de tu vivienda con un fin social. Tiene que ser la creación de verdadera vivienda pública. Eso es lo que deberían hacer para responsabilizarse ellos de dar una alternativa habitacional a las familias que van a ser desahuciadas», afirman desde la Plataforma.

En este sentido destacan que la idea no es crear tampoco un nuevo sistema de compensaciones ni perpetuar una partida presupuestaria, sino poder dar vivienda a esas familias que consideran vulnerables, pero sin meter a terceros por medio.

Un sistema de compensaciones fallido

En este contexto, cabe recordar que las compensaciones por las okupaciones sólo han llegado en los últimos seis años a un escaso 7% de todos los afectados y destacan que son ayudas «miseria» que estima el Ejecutivo dependiendo de la zona y de si se considera zona tensionada.

«Las comunidades autónomas no tienen recursos económicos. El Plan Estatal de Vivienda llega hasta donde llega y para pagar todas estas compensaciones harían falta muchos millones de euros», apuntaban hace algo más de un mes los afectados en conversación con OKDIARIO.

«Los procesos para solicitarlas son farragosos, lentos y no garantizan el pago de las compensaciones, bien por trabas administrativas o, en muchos casos, por falta de recursos económicos, dejando a los afectados sin rentas y con gastos de suministros y mantenimiento inasumibles», destacan.

El sistema de compensaciones económicas, subrayan, «no ha sido, ni será jamás, una herramienta eficaz ni suficiente para paliar este atropello».

«La solución no pasa por compensar con dinero público el uso forzoso de una propiedad privada, sino porque el Gobierno asuma de una vez por todas su derecho y deber constitucional de proteger a las familias vulnerables con sus propios recursos y viviendas», han vuelto a criticar.