El Plan de Vivienda de Sánchez pone en pie de guerra a las comunidades: «Impone medidas inconstitucionales»

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en mitad de un clima de tensión con algunas comunidades autónomas que denuncian la «inconstitucionalidad» del escrito y el hecho de que se haya elaborado «a espaldas» de las regiones.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo Domínguez, ha destacado que «ni siquiera ha sido aprobado en la conferencia sectorial» y que los responsables de Vivienda se han enterado de la versión final del Plan «por la prensa».

«Lejos de ser un marco de colaboración es un instrumento para centralizar competencias que son claramente autonómicas y además intenta imponer medidas que ya han sido declaradas inconstitucionales como la protección permanente», ha lamentado Rodrigo en sus redes sociales este martes.

En este sentido desde la capital destacan que el planteamiento del Ministerio de Vivienda lleva a entender que «o haces lo que el Gobierno quiere o no hay dinero»:

«El Estado dice que aporta el 60% pero obliga a las comunidades autónomas a multiplicar por seis su esfuerzo porque depende de unos presupuestos que no existen. Por si fuera poco, se penaliza a las comunidades que no sigan su línea ideológica limitando su acceso a la financiación. También pretende controlar los datos del mercado del alquiler concentrando toda la información en el Ministerio. Menos transparencia, menos pluralidad y más riesgo de manipulación», han apostillado.

Cláusula «antiamaños» e intervencionismo

El nuevo Plan del Gobierno de Sánchez impulsado por la ministra Isabel Rodríguez estará dotado de hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior plan, y blindará las viviendas públicas con carácter permanente.

El Ejecutivo ha asegurado que destinará el 40% de su presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante irá destinado a intervenir el mercado en zonas tensionadas.

Además, el plan introduce el principio de «protección indefinida» de las viviendas públicas, de manera que los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos del plan tendrán la calificación de protegidos con carácter permanente, algo que desde el Partido Popular han considerado «inconstitucional»

Asimismo, Rodríguez ha querido añadir una «cláusula antifraude» con el fin de «combatir posibles amaños en la adjudicación de vivienda de protección oficial» tras el caso de las VPO de Alicante que está investigando la Justicia.

En este sentido, la ministra ha asegurado que «no se va a financiar» con dinero público «ni una sola promoción» de vivienda en la que no se garanticen «registros conforme a criterios de transparencia objetivos» y «fácilmente constatables por la ciudadanía» para evitar «escándalos».

La ministra ha detallado que deberá existir un «registro público de demandantes de vivienda», «canales de adjudicación» y «sorteos ante notario». Se trata de una serie de «garantías» que tendrán que «comprometerse a respetar quienes quieran «optar» a parte de los 7.000 millones de euros que recoge el plan.