La UE cierra el acuerdo que prohibirá la venta de coches de combustión e híbridos desde 2035

Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo lograron la pasada noche un acuerdo de principio para que a partir de 2035 los turismos y furgonetas nuevos que se comercialicen en la Unión Europea sean «cero emisiones», lo que supondrá la prohibición de comercializar vehículos de combustión, lo que incluye gasolina, diésel e híbridos.

Los términos del acuerdo, que aún necesita el visto bueno de los Veintisiete y del pleno de la Eurocámara para ser adoptado, prevén un avance gradual hacia la meta de cero emisiones en 2035, con un objetivo de reducción del 55% para turismos y de 50% para las furgonetas en 2030 respecto a las emisiones de 2021. La nueva norma forma parte del paquete climático que la Unión Europea quiere impulsar esta legislatura para reducir al menos en un 55% las emisiones contaminantes del bloque en el horizonte de 2030 (respecto a 1990) y es la primera medida concreta de esa batería de iniciativas que sale adelante.

Entre las claves de la reforma figura el encargo de una nueva metodología para recabar y evaluar datos de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del parque automovilístico ligero durante todo el ciclo de vida de los vehículos comercializados en el mercado único. El Ejecutivo comunitario deberá presentar esta metodología a más tardar en 2025, incluida con las reformas legislativas si fueran necesarias para su desarrollo.

Bruselas también recibe el encargo con esta nueva normativa de realizar un informe bianual a partir de 2025 para evaluar si se está avanzando al ritmo adecuado en el conjunto de la UE hacia el objetivo vinculante de cero emisiones; un análisis que deberá también valorar el impacto de la reforma en los consumidores y en el empleo así como la evolución del mercado de vehículos de ocasión.

En el control de las emisiones de los nuevos vehículos, los expertos comunitarios vigilarán la diferencia entre los valores límites de emisiones y los datos de consumo real de carburante y energía para ir ajustando las emisiones específicas medias de CO2 de los constructores a partir de 2030.

«Este acuerdo es una señal fuerte al sector y a los usuarios», ha celebrado el vicepresidente de la Comisión Europea responsable del Pacto Verde, Frans Timmermans, para quien la industria automovilística ha demostrado ya estar preparada para «dar un paso al frente» al aumentar la oferta de coches eléctricos a precios «más asequibles».

La Comisión Europea, que presentó la propuesta en julio del pasado año, aplaude el rápido acuerdo entre los colegisladores europeos porque cree que redundará en una «aceleración» en la producción y venta de vehículos particulares y ligeros que cumplan con el requisito de «cero emisiones».

Los negociadores del acuerdo apuntan también la conveniencia de que los Estados miembro utilicen parte de los fondos europeos de que disponen para apoyar la «transición verde» hacia vehículos no contaminantes, en especial con apoyos a las pymes de la cadena de suministro del sector automovilístico y a las regiones más vulnerables.

El acuerdo, además, mantiene el mecanismo de incentivos para los vehículos de emisión cero y de baja emisión (ZLEV) que permite a fabricantes reducir sus objetivos de emisiones y que los negociadores del Parlamento Europeo querían suprimir por considerar que ya no cumplía su propósito. Con todo, se revisarán los valores de referencia para endurecerlos de modo que los créditos de emisión que podrán recibir por «ecoinnovaciones» que demuestren que reducen las emisiones contaminantes en carretera se reducirán hasta 4 g/km por año desde 2030 hasta 2034 (frente al actual 7 g/km anual).

Las nuevas normas prevén una derogación hasta finales de 2035 para los constructores que no produzcan más de 10.000 turismos nuevos al año o 22.000 furgonetas, mientras que aquellos que no lleguen a las 1.000 matriculaciones al año quedarán exentos. El acuerdo incluye una «cláusula de revisión» por la que la Comisión Europea deberá evaluar el ritmo de consecución de los objetivos y la eventual necesidad de ajustarlos si hay avances tecnológicos que permitan avanzar a mayor ritmo. La primera revisión deberá hacerse en 2026.