La UE alcanza un acuerdo para obligar a los gigantes digitales a controlar sus contenidos

Tras una ronda final de negociación de más de 16 horas, la Unión Europea cerró esta madrugada un acuerdo sobre su nueva Ley de Servicios Digitales, que obligará a las plataformas en línea a moderar sus contenidos y retirar los ilegales o hacer sus algoritmos más transparentes, con el riesgo de multas millonarias si incumplen la norma.

El acuerdo europeo sobre esta inmensa pieza legislativa, que complementa a la ya aprobada sobre los mercados digitales, llega casi año y medio después de que Bruselas presentara su primera propuesta en diciembre de 2020 e implica nuevas obligaciones para plataformas de servicios en internet usadas por cientos de millones de personas en la UE.

Son miles de empresas que a partir de ahora deberán contar con un representante europeo si operan en territorio comunitario y quedarán bajo el paraguas de este nuevo paquete legislativo, que busca ser un nuevo estándar global contra la proliferación de contenidos ilegales, desinformación y la opacidad de los algoritmos que regulan el contenido de las redes sociales.

Los auténticos gigantes tecnológicos, unas treinta empresas usadas por más de 45 millones de usuarios mensuales en la Unión Europea, estarán bajo supervisión directa de la Comisión Europea y tendrán que abonar una tasa anual del 0,05 % de sus ingresos globales para financiar esta vigilancia, para la cual Bruselas contratará nuevos expertos en el sector.

Estas compañías tendrán que analizar anualmente sus riesgos sistémicos y actuar para reducirlos, en especial los contenidos ilegales con efectos adversos sobre los derechos fundamentales, procesos democráticos, la seguridad pública, la violencia de género y los menores, y con consecuencias graves para la salud física o psíquica de los usuarios.

Las principales herramientas para disuadir a los gigantes digitales de su cumplimiento serán las multas, de hasta el 6 % de la cifra de negocios global de la empresa infractora.

La nueva norma también contempla, en el caso de repetidas violaciones graves de los requisitos, una prohibición de operar en territorio europeo.

Moderación de contenidos

Las empresas digitales estarán obligadas a moderar los contenidos que se publican en ellas con «recursos adecuados» y a eliminar aquellos ilegales, algo que hasta ahora dependía de un código de buenas prácticas no vinculante y al que las empresas se sumaban de manera voluntaria.

Según el acuerdo, los usuarios dispondrán de un procedimiento más claro para informar de contenido ilegal en línea y las plataformas tendrán que actuar con rapidez para retirarlo, además de informar al denunciante de las acciones que ha llevado a cabo.

También se incorporan nuevas garantías para que estos avisos se procesen de manera no arbitraria y no discriminatoria, así como para que los consumidores puedan comprar productos o servicios en línea bajo controles más estrictos sobre la identidad de los comerciantes.

Por otro lado, la ley prohibirá la recopilación de datos sobre raza, religión, orientación sexual u otros asuntos sensibles para dirigir la publicidad, así como los anuncios dirigidos a menores o los llamados «patrones oscuros», tácticas de diseño de la interfaz dirigidas para engañar al usuario y que acepte que se rastree su información.

El usuario tendrá derecho a que se le ofrezca al menos una opción no basada en el rastreo de su perfil para elegir cómo se le recomienda el contenido, que debe mostrase igual de claramente que las que sí emplean datos del usuario.

Las plataformas más grandes, como Facebook o Twitter, deberán dar a la Comisión y a las autoridades de los Estados miembros acceso a sus algoritmos y, en general, los servicios digitales tendrán que ser más transparentes sobre cómo se determina la información que llega a cada usuario, revelando por ejemplo si usan filtros o automatizan la moderación de sus contenidos.

Mecanismo de emergencia en caso de crisis 

La negociación entre las instituciones europeas, cuyas etapas finales han coincidido con la invasión rusa de Ucrania, introdujo un nuevo concepto que no figuraba en la propuesta inicial: un mecanismo en caso de crisis que Bruselas puede activar si lo recomiendan los expertos de los Estados miembros.

Esto permitirá analizar el impacto de las actividades de las grandes plataformas en la crisis en cuestión y exigirles acciones para limitar cualquier amenaza urgente durante tres meses.

Bruselas lleva advirtiendo desde antes del comienzo de la guerra en Ucrania, así como hizo durante la crisis del coronavirus, del riesgo de la expansión de la desinformación en línea y la manipulación de la realidad, un fenómeno que quiere atajar con la nueva Ley de Servicios Digitales.

Una vez cerrado el acuerdo entre los negociadores del Consejo (los países) y el Parlamento, ambas instituciones tendrán que revisar y aprobar de nuevo al pacto final, que entrará en vigor o bien quince meses después de su publicación en el Diario Oficial de la UE o bien el 1 de enero de 2024, la que tenga lugar después.