El tribunal presiona a Alcoa para vender la planta de Lugo: mantenerla abierta le costará 12 millones

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 05/11/2020 04:59
  • Actualizado: 05/11/2020 09:23

Las medidas cautelares impuestas este miércoles a Alcoa en su planta de San Cibrao (Lugo) le supondrán un coste de cerca de 12 millones de euros sin ninguna generación de ingresos. Lo cual presiona a la empresa norteamericana para que intente acercar posturas para  la venta de la planta a Liberty House (GFG Alliance), en teoría a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el antiguo INI).

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó ayer un auto en el que impide a Alcoa paralizar por completo su actividad diciéndole que se abstenga de «llevar a cabo cualquier actuación dirigida a hacer efectiva la parada de las cubas» en la factoría de San Cibrao (Lugo), tal como solicitaban los sindicatos, aunque sí le permite seguir adelante con el ERE de 524 empleados que ha presentado.

La parada de las cubas de electrólisis, en las que se produce el aluminio, implica de facto el cierre de la planta puesto que, aunque sobre el papel luego se pueden reiniciar, en la práctica es un proceso muy complicado y costoso, y con alto riesgo de que se rajen las citadas cubas. Para los trabajadores de la planta gallega, supone la esperanza de que la planta no se cierre definitivamente y que puedan conservar sus empleos.

Mantener abierta la fábrica supone un coste muy elevado, que la propia Alcoa cifró en un millón de euros a la semana. Si el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tarda unos tres meses -estimación media- en resolver la previsible impugnación del ERE por parte de los sindicatos, eso implica 12 millones más de costes que se suman a las pérdidas de 38 millones de euros (45 millones de dólares) que la planta acumulaba hasta septiembre, según el mayor fabricante mundial de aluminio.

Nuevo elemento de presión para la venta de la planta

Y esa sangría representa un nuevo y muy importante elemento de presión sobre el gigante del aluminio para que acepte negociar la venta de la planta. Este verano negoció con Liberty (GFG) pero no llegó a un acuerdo porque al conglomerado metalúrgico planteó unas duras condiciones a Alcoa: GFG pedía  170 millones para cubrir posibles costes cuando Alcoa estaba dispuesta a asumir solo 60 millones; asimismo, Alcoa ofrecía garantizar a Liberty el suministro de alúmina (la materia prima del aluminio, que también se refina en una planta anexa en San Cibrao) durante 5 años, mientras que el comprador pedía 20.

Ante esta situación, el Gobierno reaccionó -si bien sigue sin tomar medidas para rebajar la factura de la luz, la causa de la marcha de Alcoa de España- y emprendió negociaciones para que la SEPI se haga con la planta, en teoría para revenderla a Liberty (lo que se conoce como ‘back to back’). Negociaciones que tampoco han fructificado de momento.

Ahora, con estas medidas cautelares, Alcoa puede ser más proclive a buscar un punto de acuerdo. Algo que también tiene más fácil GFG, porque ha cerrado un acuerdo con el grupo energético Ignis para asegurarse un suministro eléctrico barato y de origen renovable para dicha planta a partir de 2023, como informó OKDIARIO.

No obstante, hay otro elemento muy relevante que dificulta el acuerdo: que Alcoa no quiere vender la planta a uno de sus principales competidores. GFG tiene dos fábricas de aluminio en Francia, una Bélgica y otra en Reino Unido; sumando la española, se convertiría en un poderoso rival en Europa del líder mundial.

Más argumentos para forzar la mano de Alcoa

La obligación de mantener las cubas en movimiento no es el único elemento de presión que les queda a las autoridades españolas para conseguir la venta de la planta y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Según fuentes conocedoras de la situación, la siguiente arma serán los costes medioambientales que implica el cierre de la planta, así como la exigencia de devolución de las subvenciones recibidas por Alcoa al no cumplir su compromiso de mantenimiento del empleo.

Todo ello implicaría mayores costes para Alcoa, que inclinarían la balanza a favor de la venta en vez del cierre. Esa es la esperanza de las autoridades y los trabajadores. La otra alternativa es la expropiación de la planta, pero es muy complicada de llevar a efecto, como pasó con la fábrica de Nissan en Barcelona (el Gobierno también amenazó a la compañía japonesa con expropiar la factoría si la cerraba).

Por un lado, la Comisión Europea difícilmente autorizaría una operación así al constituir una clara ayuda de Estado que distorsionaría la competencia. Por otro, ¿cómo se fijarían las condiciones para compensar a Alcoa? Recuerden que el precio es de un euro y de lo que se trata es de cuánto dinero debe poner para el cierre y de las garantías de suministro de alúmina. ¿Y Alcoa va a garantizar ese suministro a una instalación que se le ha expropiado? Parece imposible.