Singapur se une a la lista de países que condenan a España por los impagos a las renovables
Nuevo golpe al Gobierno de España en la estrategia jurídica que está desarrollando con los impagos a las renovables. La Alta Corte de Singapur ha rechazado el intento del Ejecutivo de ampararse en la inmunidad soberana para frenar la ejecución de un laudo arbitral internacional que le obliga a pagar 290 millones de euros a la energética estadounidense NextEra Energy. Se suma así a jurisdicciones de países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia.
El tribunal ha confirmado que el laudo es plenamente ejecutable en esta jurisdicción, lo que permite a los acreedores avanzar en el cobro de la deuda, en este caso en la jurisdicción de Singapur.
El litigio tiene su origen en los recortes retroactivos a las primas a las energías renovables aprobados en España tras la crisis financiera. NextEra acudió al arbitraje internacional al amparo del Tratado de la Carta de la Energía y obtuvo un laudo favorable que concluyó que el Estado había vulnerado las expectativas legítimas de inversión. Desde entonces, España no ha satisfecho la indemnización y ha mantenido una posición de resistencia al pago pese a las decisiones arbitrales firmes.
La resolución de la Alta Corte de Singapur se suma a una cadena de pronunciamientos adversos para España en otras jurisdicciones clave por los impagos a las renovables. En Estados Unidos, los tribunales federales han respaldado la ejecución de laudos por los recortes a las renovables; en Reino Unido se han producido avances relevantes en procedimientos similares; en Australia, la justicia federal ha reconocido la aplicabilidad de los laudos CIADI; y en Bélgica los inversores también han acudido a los tribunales para impulsar con éxito diversos embargos.
Este cúmulo de decisiones refleja la estrategia de los acreedores de acudir a países con marcos jurídicos sólidos y favorables al cumplimiento del arbitraje internacional, especialmente tras la negativa de los tribunales europeos a ejecutar laudos intra-UE.
Singapur se consolida así como una plaza especialmente relevante por su seguridad jurídica y su papel central en el arbitraje internacional.
La acumulación de fallos en Singapur, Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica y Australia incrementa la presión financiera y reputacional sobre España, que afronta reclamaciones por 2.300 millones de euros derivadas de los recortes a las renovables.
Los afectados advierten de que la persistencia en el impago incrementa la factura por intereses de demora y favorece nuevos embargos de activos estatales en el extranjero, si no se alcanza una solución negociada.
El origen del conflicto se sitúa en 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas a las inversiones en renovables del 25%. Cuando Mariano Rajoy llegó al poder, en 2012, y para hacer frente a la crisis heredada, redujo unilateralmente las primas al 7%, lo que originó una cadena de denuncias contra España en los tribunales de arbitraje internacionales.
Estos tribunales han dado la razón a los fondos internacionales que denunciaron a España por los impagos a las renovables, y el Ejecutivo de Pedro Sánchez optó por no pagar esos laudos. Los fondos han dado un paso más y ha acudido a los tribunales ordinarios para reclamar las indemnizaciones. Ahora, pese a que la Comisión Europea se ha posicionado al lado de España, tribunales de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y ahora Singapur han condenado a España a pagar a los fondos, lo que abre la puerta a embargos de bienes españoles en esos países.
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