Sánchez pide una «transición ecológica» para el planeta mientras defiende el carbón autóctono
CCOO y UGT defienden la energía verde pero se oponen al fin de la minería
Podemos quiere encarecer la factura de la luz obligando a consumir carbón autóctono
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha aprovechado el Día Internacional del Medioambiente para pedir una «transición ecológica ambiciosa que defienda y proteja nuestro planeta». Sin embargo, al mismo tiempo, el líder socialista defiende las subvenciones a la minería y el uso del carbón autóctono, mucho más contaminante e ineficiente que el de importación.
Creemos en una transición ecológica ambiciosa que defienda y proteja nuestro #planeta. #DíaMundialdelMedioAmbiente🌳🌍 #WorldEnviromentDay pic.twitter.com/CUi9MtgnSs
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 5, 2017
Hace apenas un mes, el de nuevo líder del PSOE reiteró su «compromiso» en defensa de la minería: «Quiero recordar que mi partido firmó un acuerdo con los sindicaros en defensa del sector de la minería y del cumplimiento por parte del Gobierno de España del Plan del Carbón para el año 2018», declaró Sánchez en León.
Esta incoherencia se da también en Podemos y en los principales sindicatos, tanto CCOO como UGT, que defienden las energías verdes mientras se oponen al fin de la minería. La protección del producto nacional es una práctica habitual en los regímenes socialistas y contrarios al libre mercado que hace tiempo que se da en el sector de la minería.
Las compañías eléctricas españolas están obligadas a consumir un porcentaje determinado de carbón autóctono, tal y como se puede comprobar en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esto supone, entre otras cosas, que el coste final es mayor que si la totalidad del carbón fuera de importación, algo que se acaba trasladando al consumidor en la factura de la luz.
Mi compromiso con el futuro del carbón autóctono y con la recuperación de los planes de reindustrialización para las cuencas mineras.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 2, 2014
El carbón autóctono español, además, es de muy baja calidad en comparación con el de importación. No se trata de un tema de mano de obra barata ni de explotación laboral en el extranjero, sino de que tiene menos poder calorífico que el carbón de importación, por lo que de no estar subvencionado desaparecería al ser un sector ineficiente que cuesta mucho dinero a cada ciudadano.
Al mismo tiempo, cada tonelada de emisión de CO2 conlleva una penalización en función de la legislación y es la compañía eléctrica la que ha de hacer frente a ese coste (que también se acaba trasladando al consumidor), pues está obligada por la Administración a adquirir dicho carbón al precio estipulado por el poder público.
De este modo, defender el carbón autóctono conlleva dos consecuencias negativas para la ciudadanía. En primer lugar, el impacto ecológico es mucho mayor, debido a que esta materia prima es muy ineficiente en nuestro país. Y, en segundo término, el hecho de que sea tan ineficiente y se obligue a las eléctricas a consumirlo provoca que el coste se vea reflejado en la factura de la luz que llega a los hogares.
Minería: más de 13.000 millones en subvenciones en 15 años
Entre 1998 y 2011, a través de distintos planes del carbón, el sector de la minería recibió más de 700 millones anuales en ayudas a la explotación y al cierre de la actividad, a través de un plan de prejubilaciones que comenzaba a los 52 años (incluso antes con bonificaciones) y que disfrutaba también el personal de oficina.
Además de esos 700 millones al año, mediante los Fondos Mineros se asignaron otros 3.130 millones de euros para infraestructuras, planes de formación y subvenciones a nuevos proyectos empresariales y otros 1.500 millones de euros a repartir durante los ocho años del Plan.
La minería ha recibido, en total, más de 13.000 millones de euros en subvenciones en apenas 15 años a través de diferentes planes firmados por los sindicatos mineros. Algunas estimaciones, como las del economista Arturo Taibo, sitúan el coste de los últimos 30 años cerca de los 26.500 millones de euros.
Calcular con exactitud cuánto dinero de las arcas públicas ha recibido el sector minero en las últimas décadas se convierte en una tarea titánica a la luz de las distintas partidas, subvenciones y privilegios de los que ha disfrutado y disfruta.
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