Sánchez eleva a 124,5 millones las ayudas a los medios en plena ofensiva contra los críticos
El Gobierno ha elevado finalmente de 100 a 124,5 millones de euros las ayudas a los medios de comunicación para su digitalización, según ha explicado el ministro Óscar López este martes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Esta medida forma parte del Plan de Acción por la Democracia y se produce en plena ofensiva del Gobierno de Pedro Sánchez contra los medios que están informando sobre los casos de corrupción que comprometen a su entorno familiar y político más cercano: su esposa, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez; su fiscal general, Álvaro García Ortiz; y su ex mano derecha, José Luis Ábalos.
Según ha explicado López, el Gobierno destinará 65 millones de euros a través de Red.es para la transformación digital de los medios impresos. Según López, estos medios son los que tienen que afrontar la competencia de los digitales y los que más necesitan esas ayudas. Es la partida más amplia de este plan de ayudas a los medios, que se presta a favorecer a los afines y amordazar a los críticos.
Además, el ministro de Transición Digital ha anunciado otros cinco millones de euros para los medios digitales pequeños, una especie de «kit digital», según López, que gestionará también la entidad pública Red.es.
Los fondos que se licitarán de manera más inmediata serán 35 millones de euros que se repartirán de la siguiente forma: 15 millones para ciberseguridad y cursos de formación, otros 10 millones para Inteligencia Artificial, y otros 10 millones para fomentar los espacios de datos. Según el ministro, estos 35 millones se adjudicarán «de manera inmediata».
Por último, habrá otros 19,5 millones de euros que se pondrán a disposición de los medios de comunicación en forma de préstamos para proyectos digitales.
El Gobierno ha elevado la cifra destinada a este fondo de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación, previsto inicialmente con 100 millones de euros según señaló públicamente el presidente Sánchez.
Estos fondos forman parte del Plan de Acción por la Democracia, un polémico plan justo cuando la corrupción rodea a Sánchez y los medios críticos están informando sobre el desarrollo judicial de los diferentes casos que amenazan al presidente del Gobierno.
Este plan de acción de Sánchez aboga por la «transparencia y pluralidad en el ecosistema informativo» y dará derecho al Ejecutivo para decidir «qué es un medio de comunicación» y quiénes «los verdaderos profesionales», en alusión a los periodistas de los medios de comunicación.
El Gobierno busca además reformar la Ley de Publicidad Institucional con el fin de «evitar que con dinero público se estén financiando pseudomedios que promueven» bulos, así como crear un registro de medios «para que se conozca su propiedad» y para «obligar a publicar el dinero que invierten las administraciones públicas en los medios».
Este plan obliga también a que los medios publiquen el origen de sus ingresos por publicidad, y limitará la publicidad de las administraciones públicas, para que no haya medios dependientes de ellas.
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