Reforma Laboral: de tal palo, tal astilla

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es comunista. Eso implica que considera que los empresarios son, por definición, explotadores. Por si quedara alguna duda de su pensamiento, Díaz ha declarado que, en su opinión, el comunismo es “la libertad y la democracia”. Además, acaba de firmar un prólogo a una nueva edición del Manifiesto Comunista, el texto de Marx y Engels de 1848 que promueve la abolición del capitalismo mediante “incursiones despóticas sobre el derecho de propiedad”.

Digámoslo con claridad: de una persona que piense así, no puede esperarse ninguna idea ni reforma favorable al empleo, la actividad económica y la prosperidad. Si para ella lo que ocurre en Venezuela es algo positivo, sus propuestas y reformas tenderán a acercarnos a Caracas y no a Copenhague. Una muestra es el acuerdo que acaba de alcanzarse entre patronal y sindicatos, bajo el auspicio de la ministra Díaz, para reformar la Reforma Laboral de 2012.

Díaz cree que la proporción de asalariados temporales en España es muy alta (26%) porque los empresarios son muy malos -olvida la ministra que la temporalidad es 25% en la empresa privada, pero 32% en el sector público-. Por eso cree que solucionará el problema, simplemente, restringiendo las posibilidades de contratar por esa vía.  La verdad es que la temporalidad en España es alta, porque la legislación laboral es muy cara (ahora será aún peor). Si se copiara la ley laboral sueca o danesa (para una mente comunista son “ultraliberales”), la temporalidad española bajaría drásticamente.

Como la ministra piensa que los empresarios son explotadores, hará que, en materia salarial, prevalezcan los convenios colectivos sectoriales en lugar de los de empresa. Por ejemplo, en el sector del comercio, se pretende aplicar las mismas condiciones salariales mínimas en los grandes supermercados y las empresas pequeñas. Algo que carece de sentido. Pueden pasar dos cosas: si prevalecen los salarios de las empresas grandes (siempre mayores, por ser más productivas), las firmas pequeñas trabajarán “en negro” o cerrarán; si prevalecen los salarios de las empresas pequeñas, los empleados de las más grandes serán perjudicados.

Se premia a los sindicatos de las mariscadas con el retorno de la ultraactividad (la prolongación de la duración de un convenio colectivo hasta que se firme uno nuevo). Si el entorno económico empeora, los sindicatos no tendrán prisa alguna en negociar algo acorde a las peores condiciones, ya que, de no haber un nuevo convenio, seguirá valiendo el anterior.  Las posibilidades de subcontratar se limitan, porque Díaz cree que la subcontratación es una práctica negrera. Lo que logrará, en realidad, será restringir las oportunidades de especialización empresarial y, por lo tanto, de mejora de la productividad y reducción de costes.

En suma: contratar personal será más difícil, la posibilidad de adaptación a un entorno económico menos favorable se reducirá y los costes laborales tenderán a subir. Por lo tanto, invertir en España será menos rentable y la creación de empleo será menor de la que sería si esta nueva reforma no se llevara a cabo. Si la creación de empleo será más débil, es obvio que esta reforma no es buena para los trabajadores.

Como casi todo lo que hace el gobierno sanchista-leninista, se trata de una reforma ideológica. Cierto que es más moderada que las peores alternativas que se barajaron, pero de todos modos basada en ideas contrarias al libre mercado y la libertad de empresa. Que los trabajadores pierdan con esto, hasta podría ser visto como una ventaja para el gobierno: sería una forma de maximizar el voto cautivo a través de una mayor cantidad de receptores del Ingreso Mínimo Vital u otros subsidios. Sánchez y Díaz ya tienen su reforma. Ahora, la economía, tiene un problema más.