La reforma eléctrica de Ribera eliminaría la competencia y perjudicaría a los consumidores

La reforma del mercado eléctrico propuesta por España en el curso de las conversaciones que se desarrollan con Bruselas para dar lugar a una directriz aplicable a toda la Unión Europea podría eliminar la libre competencia, ir en contra de las reglas básicas del mercado y daría lugar a un sector más intervenido con grave perjuicio para los consumidores y para los generadores de energía. Esta es una de las conclusiones de un informe elaborado por la consultora PwC, que es muy crítico con las consideraciones enviadas a los órganos comunitarios por la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. De acuerdo con el análisis citado, el Gobierno español basa su propuesta en la existencia de determinadas hipótesis que son cuestionables, «de lo que resulta un diseño de mercado regulado y centralizado en el que se concede un protagonismo extra a la figura de un regulador como comprador único de la energía».

Como consecuencia de los planes que maneja la ministra Ribera, y que se apartan de manera considerable de los del resto de los países, el mix de generación futuro no resultaría de la competencia entre agentes por invertir en tecnologías innovadoras y eficientes en costes sino de decisiones del Estado, lo cual podría derivar en un sobrecoste para los consumidores o en déficit de inversión, lo que pondría en riesgo la seguridad de suministro. Uno de los aspectos más cuestionables de las ideas del Gobierno, de acuerdo con la comparación que hace PwC de las propuestas de unos países y de otros, es la de poner en riesgo la contratación de energía a plazo y con un precio acordado entre la empresa y el consumidor, que a su juicio es un mecanismo que ha demostrado ser eficiente y ha ayudado a conseguir la penetración de energías renovables, a la vez que ha proporcionado a los consumidores estabilidad mediante contratos a precio fijo.

Según la consultora, la fijación del precio de la electricidad por parte del regulador, tanto para las renovables como para las nucleares e hidráulicas, atendiendo a la premisa de que éstas no deben recibir beneficios excesivos ni tampoco demasiado bajos es muy compleja de llevar a la práctica. «Fijar el precio de los contratos a largo plazo es un riesgo para los generadores -pues de subestimarse estarían condenados a producir a pérdidas-, así como para los consumidores, pues de ser muy elevados llevarían a sobrecostes que recaerían sobre ellos». Además, de acuerdo con el informe, «la fijación de precios por parte del regulador provocaría desigualdad entre estados, perjudicando la competitividad industrial de aquellos países cuyos gobiernos no consigan fijar precios competitivos, señal muy negativa para llevar a cabo nuevas inversiones».

Las consideraciones del informe de PwC se unen a otras realizadas por algunos expertos, muy críticos con la llamada ‘excepción ibérica’, la medida estrella de la ministra Ribera para rebajar el precio de la luz, que en su opinión tiene truco. Según Óscar Arnedillo y Jorge Sanz, dos de los mayores expertos mundiales en el sector y miembros de la consultora Nera, los consumidores españoles tendrán que pagar en la factura de la luz más de 6.500 millones este año, debido a las subvenciones a países como Portugal, Francia e incluso Marruecos, y además se verán imposibilitados para firmar contratos de suministro de largo plazo ante la negativa de las compañías distribuidoras a cubrir los riesgos y correspondientes costes de las tensiones en el mercado.

A su juicio, la ‘excepción ibérica’ es una medida superflua e innecesaria, porque los ingresos de los generadores ya estaban limitados, ya sea por tratarse de generadores con retribución regulada (RECORE o generadores no peninsulares) o por la aplicación de una minoración de los ingresos superiores a 67 €/MWh (valor muy por debajo del precio que ha resultado tras la aplicación de la excepción ibérica, de 131 €/MWh hasta el 31 de diciembre de 2022).  También ha sido perjudicial para el desarrollo de la competencia, y crea distorsiones importantes en el mercado, aseguran.

Según estos medios, la solución que menos distorsiones crearía sería aplicar un impuesto sobre los beneficios extraordinarios -no sobre las ventas- y usar la recaudación para ayudar exclusivamente a los consumidores vulnerables con ayudas directas, como ya se hace con el bono térmico, evitando así obligar a los consumidores vulnerables a estar apuntados a la tarifa PVPC (precio variable de venta al público) y, con ello, expuestos a las fluctuaciones en el precio del mercado. De esa forma, además, se garantizaría una política social realmente progresiva.

La Comisión Europea, por su parte, apuesta por una reforma continuista, con la seguridad jurídica como única fórmula para atraer inversiones y contribuir al impulso de la descarbonización. Entre sus prioridades está la apuesta por los contratos a largo plazo a precio fijo -que España quiere laminar- o su interés en extender la vida útil de las nucleares, que aquí es una cuestión tabú. La propuesta del Ejecutivo de Bruselas -una vez analizadas las presentadas por los países miembros- debe pasar por el Consejo y el Parlamento Europeo en los próximos meses, y de este trámite saldrá el diseño futuro del mercado eléctrico europeo y por lo tanto del español.