El PSOE y Podemos amplían a la banca extranjera y a firmas españolas menores el impuestazo de Sánchez

La banca extranjera presente en España también tendrá que pagar el ‘impuestazo’ al sector financiero anunciado por Pedro Sánchez en el Congreso el pasado mes de julio, así como el resto de entidades financieras que operan en España.

El PSOE y Unidas Podemos han presentado enmiendas a la proposición de ley para el establecimiento de gravámenes temporales al sector energético y al financiero, aprovechando la ocasión para incluir también un impuesto a grandes fortunas (tres millones de euros) y ayudas fiscales a la producción cinematográfica.

En lugar de asumir algunas de las reclamaciones presentadas por la banca española contra el impuesto, o las críticas a la medida publicadas por el Banco Central Europeo la pasada semana, el PSOE y Unidas Podemos han ampliado el ámbito sobre el que será aplicado el gravamen.

En las enmiendas presentadas por los socios de Gobierno, a las que ha accedido este diario, se modifican párrafos del anterior texto de la proposición de ley precisando que el impuesto a la banca «se exige a los grandes operadores con base a dos criterios».

Uno de esos criterios añadidos ahora es que la prestación se exigirá «a aquellas entidades que, independientemente del umbral, están sujetas a supervisión directa por el Banco Central Europeo, incluidas las sucursales establecidas en España de entidades de crédito extranjeras». Anteriormente la proposición de ley contemplaba el gravamen sobre las entidades españolas que hubieran registrado en 2019 unos ingresos por comisiones de 800 millones o más.

Con este doble criterio, defienden ahora el PSOE y Unidas Podemos, «se evita alterar la competencia en el mercado entre grandes entidades». Aunque se mantiene el primer criterio del umbral sobre los 800 millones de ingresos por comisiones, también se añade que deberán satisfacer el nuevo gravamen «las sucursales establecidas en España de entidades de crédito extranjeras, con independencia de la suma de sus ingresos por intereses y comisiones».

En las enmiendas presentadas se indica que la prestación por el impuesto a la banca se ingresará en el Tesoro Público «y sus ingresos estarán afectos a unos determinados fines, en linea con lo aconsejado por el dictamen del Banco Central Europeo de 2 de noviembre de 2022 sobre la imposición de gravámenes temporales a determinadas entidades de crédito».

Efectivamente, el BCE, en el dictamen publicado la pasada semana, recordaba que ya en anteriores ocasiones había recomendado que se estableciera una «clara separación» entre los ingresos procedentes de los gravámenes y los recursos presupuestarios generales «para evitar su utilización con fines de saneamiento presupuestario».

Pero el BCE en lo que más incidía en su dictamen del 2 de noviembre era en la mala redacción del texto propuesto por el Gobierno español, así como en los riesgos que conlleva en todo caso imponer un nuevo gravamen al sector financiero en la situación actual.

«Si la capacidad de las entidades de crédito para alcanzar posiciones de capital adecuadas se ve perjudicada, esto podría poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria a la economía en general a través de los bancos», advertía la pasada semana el BCE.

El organismo presidido por Christine Lagarde recomendaba que la propuesta legislativa española fuera acompañada «de un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario (…)», algo que no está incluido de momento en la proposición de ley del PSOE y Podemos.