La presidenta de la Comisión de Spanair considera que se deben señalar las responsabilidades políticas

La presidenta de la Comisión de Investigación del accidente JK5022 de Spanair, Meri Pita, ha señalado que el dictamen de dicha comisión tiene que señalar las responsabilidades políticas sobre el accidente, es decir, a «aquellos responsables de las entidades públicas que estaban al frente de la cadena de seguridad».

La diputada de Podemos ha respondido de esta manera durante una entrevista emitida este sábado en el programa ‘Parlamento’ de RNE, en la que ha sido cuestionada sobre el voto particular en contra del Grupo Parlamentario Socialista, al considerar que este establece responsabilidades que son competencia de la Justicia.

Pita ha subrayado que el dictamen no entra «para nada» en el campo jurisdiccional, sino que habla de «responsabilidad política», por lo que se cita «toda la cadena» de responsables antes, durante y después del accidente, que se produjo el 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto de Madrid-Barajas, con 154 fallecidos y 18 supervivientes.

La diputada ha insistido en que «ha sido muy duro escuchar en vivo y en directo» a los supervivientes y a los equipos de emergencia que participaron en la tragedia, por lo que «no tiene sentido que la comisión de investigación no señale al menos responsabilidades». No obstante, ha señalado que la novena recomendación del dictamen pasa por trasladar a la Fiscalía toda la documentación, que sería quien determine si puede haber algún elemento dolo o penal.

El dictamen responsabiliza del «fallo sistémico» que provocó el accidente a diferentes cargos del Gobierno asociados al Ministerio de Fomento en 2008, dirigido en aquel momento por la exministra Magdalena Álvarez, atribuyendo la tragedia a una «correlación de factores causantes que concluyen en el trágico accidente».

En concreto, recoge que el fallo sistémico que provocó el accidente es una responsabilidad de los encargados del comprobar el correcto funcionamiento del sistema a través de los medios del Estado y establece un listado de hasta 18 cargos que en 2008 asumían puestos de responsabilidad, tanto en el Ministerio de Fomento como en la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC), Aena y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), entre otros.

Entre ellos se encuentra el entonces secretario general de Transportes y secretario de Estado, Luis Fernando Palao; el director general de Aviación Civil, Manuel Bautista; el jefe de Gabinete de la ministra Álvarez, Antonio Fernández; y Manuel Azuaga, presidente de Aena entre 2004 y 2008.

El dictamen añade que, «más allá de las responsabilidades civiles, penales o morales», en una democracia «debe plantearse con normalidad la responsabilidad política en un sentido fuerte, aquella en la que los gobernantes deben responder por todo aquello que tiene que ver con lo que efectivamente gobiernan»

Por ello, el GPS ha decidido emitir su voto particular en contra del dictamen al considerar que tanto la conclusión X, que establece estas responsabilidades, como la novena recomendación, –sobre las que solicitó informe al letrado– suponen una «grave vulneración de la ley» y pueden ser contrarias al derecho. Los grupos tienen hasta el próximo martes para emitir sus votos y posteriormente será trasladado a la Mesa del Congreso para ser elevado a Pleno.