Los peritos del caso Acuamed contratados por Teresa Ribera para auditar las obras ‘pasan’ del juez
El magistrado ordenó el 27 de julio que los peritos del Gobierno trabajaran conjuntamente con los privados de las defensas
Han desobedecido y a día de hoy no han iniciado el peritaje de las obras bajo sospecha de haber inflado los precios a cambio de sobornos
Los dos peritos que ha contratado la ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, para auditar cinco de las obras bajo sospecha en el ‘caso Acuamed’ no están cumpliendo con las órdenes del juez, Manuel García Castellón. De acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas, los dos ingenieros del Colegio encargados de realizar el peritaje no están informando ni trabajando conjuntamente con los peritos privados de las defensas, tal y como ha ordenado el magistrado en varios autos, el último del 27 de julio.
En ese auto de finales de julio, Castellón dictó que «se hace saber a los peritos designados por el ministerio y nombrados por este juzgado, que los peritos privados designados por las partes personadas deberán participar e intervenir en las mediciones y actuaciones principales de la pericia encomendada, sin perjuicio de las conclusiones que uno y otros alcancen sobre el encargo».
Cuatro días después, el 1 de agosto, uno de los peritos, José Gómez, remitió un escrito al juez en el que se justificada asegurando que «hasta el momento no se ha realizado ninguna actuación principal». Sorprendentemente, desde que el magistrado ordenó realizar el peritaje de las obras en marzo hasta agosto no se ha hecho nada. Hace más de tres años que se inició este caso y se detuvo a la cúpula de Acuamed nombrada por el PP y aún no existe una auditoría de las obras para saber su precio exacto y poder determinar si se inflaron los costes a cambio de sobornos de las constructoras.
Pero no se trata solo de que no exista ese peritaje. Además, como ha publicado este diario, la auditoría encargada por el Gobierno del PSOE -que utilizó este caso en la oposición para ahogar al PP por la corrupción- no es una auditoría completa y se ha exigido a los peritos que sea rápida, antes de que acabe el año.
Una auditoría incompleta, y rápida, no servirá para fijar un precio real de las obras, señalan fuentes jurídicas, lo que va en favor de la acusación de la Fiscalía y del propio Gobierno, que podrá mantener las acusaciones de corrupción sobre el PP.
Sin contactos
A día de hoy, los trabajos conjuntos entre los peritos contratados por el ministerio y los privados no existen. «No deben estar haciendo nada porque los peritos del ministerio no han comunicado al juez las fechas de los trabajos, tal y como se comprometieron en el escrito del 1 de agosto», explican fuentes jurídicas.
En efecto, los peritos se comprometieron a informar al juez «para que de traslado a los peritos privados» de la fecha de los trabajos. Aún no han comunicado nada, aunque según las fuentes consultadas sí están haciendo los trabajos. «Aseguran que tienen órdenes del ministerio de no informar a los peritos privados», aseguran fuentes conocedoras de la situación.
El Ministerio de Medio Ambiente contrató a estos dos peritos en julio con un coste de 183.000 euros. Según informaron los peritos al juez, tienen órdenes del Gobierno de acabar cuanto antes, este año, para poder cobrar la factura con cargo a los Presupuestos de 2018.
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