Pedro Sánchez quiere recuperar el fracasado plan de desaladoras de Zapatero
El secretario general del PSOE anunció el año pasado que en el caso de gobernar su plan hidrológico incluiría una fuerte apuesta por las desoladoras frente a los trasvases. Este verano, ante la situación de sequía, el Gobierno tuvo que subvencionar con 8 millones de euros el consumo de agua para regadío procedente de la planta de Torrevieja (cuya construcción costó 350 millones de euros) y la de Valdeventisco. El coste de la desanilización es tan elevado que los regates no podían pagarlo.
A pesar de esto, Okdiario ha podido confirmar que Pedro Sánchez mantiene intacta su intención de fomentar las desaladoras frente a alternativas como el trasvase del Ebro que contemplaba en su día del Plan Hidrológico Nacional del Gobierno de Aznar. El programa A.G.U.A. (Actuaciones para la gestión y el uso del agua) puesto en marcha por la ministra Cristina Narbona en época del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero se saldó con un estrepitoso fracaso.
El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, ha recordado a este diario que la gran mayoría, cerca de las tres cuartas partes, de las plantas desaladoras previstas por el Gobierno de Zapatero siguen sin funcionar y que no son una alternativa viable desde un punto de vista económico para la agricultura. Del Campo ha dicho que “donde puede llegar agua de trasvases es mucho más barata”.
El coste energético de la desalanización eleva el precio hasta niveles no asumibles para los agricultores. El proceso de ósmosis por el que se separa la sal del agua supone hasta un 60% de ese coste. A esto se suma lo caro que resulta la conducción del líquido de las plantas a las tierras que se supone regar, con un coste que en la mayor parte de los casos no se ha evaluado. De hecho, desde FENACORE destacan que por ese motivo dicha agua sólo se puede usar en terrenos muy cercanos a las desoladoras.
Además, el riego no se puede hacer tan sólo con agua desalada. Esta debe suponer como máximo un 20% o un 30% del líquido total usado, y debe mezclarse con el procedente de otras fuentes como pozos y o ríos.
Entre el 40% y el 50% del agua procesada en las desaladoras se desperdicia, puesto que tiene que ser devuelta al mar al contener toda la sal concentrada. Este es un importante foco de contaminación, por lo que se debe hacer mediante un complejo sistema de difusores, similares a duchas, para distribuirla por muchos puntos para reducir el impacto medioambiental. Esto aumenta todavía más los costes, tanto por la infraestructura necesaria como por la energía gastada para poder usar la presión necesaria para devolver el agua al mar.
A todo lo anterior se suma que el agua desalada contiene altos niveles de boro, que contamina y hace inviable su uso para una gran cantidad de cultivos. Este contaminante puede eliminarse, pero el proceso para hacerlo resulta también muy caro.
El coste del agua desalada sin subvencionar puede llegar a alcanzar 1,1 euros por metro cúbico. Frente a esto, FENACORE destaca que el precio que pueden pagar los agricultores sin que suponga un incremento del precio de sus productos es de 15 céntimos en la mayor parte de España y de 30 céntimos en zonas de alta productividad como puede ser Almería y otras áreas del Levante español.
De las 51 desaladoras previstas en el programa A.G.U.A., cuando Zapatero salió de La Moncloa había 17 en explotación y 15 en construcción. Para ello se habían invertido en torno al doble de los 800 millones previstos inicialmente, y serían necesarios muchos millones de euros más para que las 32 desaladoras iniciadas estuvieran plenamente operativas. Las 17 instalaciones operativas producían 111 hectómetros cúbicos anuales, tan sólo un 16,45% de los 678 hectómetros cúbicos previstos.
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