El pacto de Sánchez que busca «mejorar la oferta de viviendas» hunde a Merlin, que invierte en oficinas
Merlin no se dedica al mercado residencial, por lo que subirle impuestos no impactaría en la vivienda
El pacto que Pedro Sánchez ha acordado con Yolanda Díaz sube los impuestos a Merlin y Colonial «para mejorar la oferta de viviendas», pese a que estos no invierten en inmuebles residenciales. En concreto, ambas compañías del Ibex 35 son socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) y el acuerdo de PSOE y Sumar pretende acabar con la exención que disfrutan en el Impuesto sobre Sociedades en determinados tramos: «Sólo tributan al 1%».
Ambas formaciones afirman que este beneficio fiscal «no ha servido para mejorar la oferta de viviendas», por lo que han decidido retirarlo. Sin embargo, Merlin no se dedica al mercado residencial, por lo que subirle los impuestos no impactaría en el precio de la vivienda.
En concreto, esta empresa se dedica a invertir en «oficinas, centros comerciales, logística, centros de datos, hoteles, parkings o torres de telefonía», según explica la propia socimi.
Así, ni PSOE ni Sumar han tenido en cuenta esta circunstancia y han pactado algo que ha provocado un desplome en Bolsa que ha afectado tanto a Merlin como a Colonial. En concreto, en la jornada del martes, las acciones de Merlin se desplomaron un 7,3% y las de Colonial el 5%, provocando un martes negro en el Ibex 35, que perdió 200 puntos en un sólo día tras descender casi un 2%.
Por ello, Merlin Properties abre la puerta a tomar medidas legales contra el Gobierno de Sánchez. En un comunicado enviado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa afirma que está barajando varios escenarios y planes de contingencia para defender a sus accionistas, clientes y empleados, entre los que se encuentra acudir a los juzgados.
Merlin contesta a Sánchez
En el comunicado, Merlin deja claro el sinsentido de retirar el beneficio fiscal de las socimi porque «no ha servido para mejorar la oferta de viviendas», como mantiene el Ejecutivo de Sánchez. Así, la empresa enfatiza que la legislación actual sobre el régimen socimi «ni siquiera se menciona la palabra vivienda» en el articulado, por lo que «parece claro que el legislador no quiso vincular este régimen especial con el mercado residencial».
«La realidad es que ni Merlin ni ninguna de las otras tres socimi que actualmente cotizan en el Mercado Continuo operan en vivienda, como tampoco lo hacen multitud de REITs internacionales con los que competimos», sentencia la mercantil del Ibex 35.
Así, la compañía critica se esté utilizando reiteradamente como argumento una vinculación entre las socimi y la vivienda, ya sea por las subidas de precios o la restricción actual de oferta en España, algo que no corresponde con la realidad.
Es más, la realidad es que la existencia de las socimi, así como sus beneficios fiscales, tiene un porqué. Estos modelos empresariales se crearon en Estados Unidos en los años 60 con el objetivo de que los pequeños inversores pudieran beneficiarse de las grandes inversiones en bienes inmuebles.
Es decir, cuando una empresa cotizada recibe remuneraciones gracias al mercado inmobiliario, cualquier ciudadano tiene a su disposición la posibilidad de participar en dicha inversión a través de la compra de acciones, haciendo que todos puedan ser partícipes de sus beneficios.
Merlin defiende eso mismo en el comunicado: «Este régimen es un gran activo para el crecimiento de la economía española». La empresa afirma que «garantiza equilibradamente un determinado nivel de tributación efectiva, la distribución puntual de beneficios y la rentabilidad de ahorradores e inversores».
Por tanto, los pequeños ahorradores que han apostado por Merlin o Colonial se han visto afectados por el pacto de Sánchez, que pretende solucionar el problema de la vivienda en España desincentivando un mercado inmobiliario diferente, el no residencial.
No obstante, el Gobierno, por ahora, no ha sido capaz de aprobar la medida, y Merlin confía en que Sánchez no cuente con el «suficiente consenso político y técnico para su aprobación». No obstante, la empresa se pondrá en lo peor y calculará el posible impacto de esta subida impositiva.
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